———- O ———-
La historia de México tiene un rincón reservado para quienes, por sentencia judicial o condena popular, quedaron asociados con la traición a la patria.
Agustín de Iturbide, declarado traidor por el Congreso en 1824, terminó frente a un pelotón de fusilamiento.
Miguel Miramón y Tomás Mejía, conservadores mexicanos que acompañaron la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo, fueron juzgados, condenados y fusilados en el Cerro de las Campanas en 1867.
Otros no tuvieron más que el veredicto del pueblo y con eso es suficiente.
Antonio López de Santa Anna quedó marcado por la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Porfirio Díaz, por una dictadura de más de tres décadas. Victoriano Huerta, por el golpe de Estado contra Francisco I. Madero.
Sus responsabilidades históricas fueron distintas, pero sus nombres siguen apareciendo cuando los mexicanos discutimos quiénes traicionaron los intereses de la nación.
Y AHORA… CHIHUAHUA.
César Jáuregui, exfiscal del gobierno panista de Maru Campos, fue detenido por autoridades estatales, acusado de delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público.
Cuando un juez determinó que podía enfrentar su proceso en libertad, apareció los muchachos de Ernestina Godoy, los de la Fiscalía General de la República, con una acusación de dimensiones históricas:
¡TRAICIÓN A LA PATRIA!
¿El motivo?
Su presunta responsabilidad en permitir que agentes de la CIA estadounidense participaran ilegalmente en un operativo de seguridad en territorio mexicano.
Jáuregui fue uno de los colaboradores más cercanos de Maru Campos. Hoy, mientras él enfrenta una acusación gravísima, la gobernadora se deslinda.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no existen pruebas que involucren a Campos.
Pero una pregunta queda flotando sobre Chihuahua:
¿ESTARÁ DISPUESTO JÁUREGUI A CARGAR SOLO CON TODO?
¿O llegará el momento en que explique quién sabía qué, quién autorizó qué y hasta dónde llegaban las decisiones de su gobierno?
Por ahora, Jáuregui es acusado, no condenado. Y el PAN no está imputado por ese delito.
Pero el escándalo ya alcanzó políticamente al gobierno panista de Chihuahua.
Cierto, los tribunales pueden tardar años en dictar sentencia. Pero, la opinión pública, en cambio, comienza a formar sus juicios desde el primer día.
Y cuando la investigación involucra a agentes extranjeros actuando presuntamente fuera de la ley mexicana, se encienden los focos rojos y la palabra soberanía adquiere todo su peso.
Esta nueva etapa del escándalo de la CIA apenas empieza pero la sentencia del pueblo sobre la gobernadora de Chihuahua ya está echa.
Y, por lo tanto, dado el origen partidista de la gobernadora, el PAN confirma su papel histórico de traidor de la patria.
———- O ———-
(*) Analista político. (Diego Vega es su seudónimo).
Fuente primaria en FB: https://www.facebook.com/diego.vega.103899
