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El 27 de marzo de 2023 se registró un incendio en la estación de migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 personas indocumentadas. Sin embargo, un juez federal decidió exonerar al ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por cualquier responsabilidad penal sobre los hechos.
La decisión judicial de Víctor Manlio Hernández Calderón demuestra un nuevo caso de impunidad para integrantes de la llamada “4T”, en la cual se suma a otros temas como el del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, y recientemente el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El ex funcionario federal fue acusado originalmente por la Fiscalía General de la República (FGR)—durante la gestión de Alejandro Gertz Manero—de haber cometido el delito del ejercicio ilícito del servicio público, por haber contratado a personal de seguridad privada que dejó abandonados a los migrantes en la estación de detención para que fuesen calcinados.
El juez decidió que el ex comisionado del INM había cumplido con el pago de las indemnizaciones a las víctimas, aunque los recursos económicos fueron derogados por la institución pública, y había ofrecido una disculpa pública que ofreció a las víctimas y familiares el 27 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México.
No obstante, esas acciones de Garduño fueron parte de las disposiciones legales que se le impusieron al ex titular del INM para conseguir la suspensión condicional del proceso emplazadas el 24 de enero de 2025.
Pese a los señalamientos por el caso de la estación migrante en Ciudad Juárez, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió ofrecerle un puesto en la administración pública, pues el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lo designó como director de Centros de Formación para el Trabajo, con un sueldo de más de 113 mil pesos mensuales.
Opacidad y sumisión del INM
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el INM se convirtió en una policía migrante que detuvo de forma arbitraria a miles de migrantes centroamericanos que intentaban cruzar el país hacia Estados Unidos, por instrucciones del gobierno de Donald Trump.
El entonces titular del INM, Francisco Garduño, demostró su obediencia—con la cual fue premiado con la exoneración—y decidió contratar a personal de seguridad privada para que se encargara de custodiar las estaciones migrantes que se convirtieron en cárceles para los migrantes, quienes permanecieron privados de la libertad durante semanas e incluso meses en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, así como condiciones insalubres.
Para cumplir con los lineamientos establecidos por Washington, el INM utilizó cientos de millones de pesos de forma discrecional para operar, vigilar y mantener los centros de detención migratoria.
Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que identificó que Garduño contrató a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) por 358 millones de pesos, y que es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, que fungió como cónsul honorario del gobierno de Nicaragua en Monterrey y Saltillo.
Después, la misma institución adjudicó un contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA por 165 millones de pesos para encargarse de la protección del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, donde ocurrió la tragedia de 2023.
Pese a la tragedia, López Obrador mantuvo en su cargo a Garduño hasta el final del sexenio y fue hasta el 30 de abril de 2025, en la administración de Claudia Sheinbaum, cuando fue reemplazado por Sergio Céspedes Peregrina.
La añeja amistad que ha mantenido Garduño con López Obrador desde 1988, cuando ambos apoyaron la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, le permitió permanecer en un puesto para el cual no estaba preparado, pues no tenía ninguna formación académica en ese ámbito.
Garduño apoyó a López Obrador durante su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2000, y por ello fue recompensado como titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad, mismo en el cual fue criticado por no mejorar el sistema de movilidad de la capital del país, y posteriormente fue nombrado como subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.
Aunque fue la primera apuesta del tabasqueño para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país, el entonces presidente de México, Vicente Fox, negó esa propuesta y avaló el nombramiento de Marcelo Ebrard en ese cargo, mismo por el cual fue destituido por el linchamiento de Tlalpan.
Garduño fue uno de los principales operadores políticos de López Obrador en la candidatura presidencial de 2006, principalmente en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit y posteriormente en 2012 volvió a apoyar al tabasqueño en su segundo intento a la presidencia de la República en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Tras la segunda derrota electoral del tabasqueño, Garduño se convirtió en director general jurídico y de gobierno en la alcaldía de Xochimilco, y fue uno de los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Para las elecciones presidenciales de 2018, fue nuevamente operador político de López Obrador, pero en esa ocasión en Querétaro, y por ello fue nombrado al inicio del sexenio como titular del INM, que se encontraba en una severa crisis por las presiones del gobierno de Estados Unidos para contener el flujo migratorio en la frontera.
Perdón y olvido
El gobierno de López Obrador hizo mutis ante las protestas de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos que exigieron la salida de Garduño del INM, después del siniestro del centro de detención migrante en Ciudad Juárez.
Aunque el ex presidente alegó que se trataba del mandatario federal más “humanista de la historia”, dejó en su puesto a un personaje que ha sido cuestionado por una serie de irregularidades cometidas en contra de la población migrante, que contradicen el discurso presidencial y que acompañó con represión a las medidas estadounidenses.
La exoneración de Garduño representa un nuevo golpe a la credibilidad pública del régimen, debido a que se suma a los diferentes casos de personajes que han sido vinculados a distintos casos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos sin que exista algún mecanismo real de persecución.
Esto es diferenciado a aquellos personajes de oposición, pues el régimen intentó iniciar un juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por haber cooperado con las autoridades estadounidenses para quemar campos de sembradíos de drogas en la entidad, así como la captura del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por huachicol fiscal.
Si bien existen responsabilidades directas entre los personajes de la oposición, también daría mayor credibilidad al gobierno morenista la captura de personajes vinculados con diferentes hechos que generan más cuestionamientos, como el caso de Garduño, que ha sido uno de los principales responsables de las violaciones severas a derechos humanos.
No obstante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—encabezada por la controversial Rosario Piedra Ibarra—decidió no interponer ninguna denuncia penal en contra del ex titular del INM, que sistemáticamente ha tratado a la población migrante como seres humanos de nivel inferior.
Estas prácticas no pueden ser condonadas por parte un gobierno que tanto ha presumido el progresismo, pero que decidió defender a uno de sus perfiles por los favores hechos al ex presidente durante años.
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(*) Periodista y Politólogo
