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La noticia de que micreros de Santa Cruz de la Sierra están registrados en municipios vecinos, donde pagan menos impuestos, pone sobre la mesa un problema que va mucho más allá del transporte público.
No solamente son los micreros. También taxistas y propietarios de vehículos particulares recurren a otros municipios para pagar menos, aunque vivan y desarrollen sus actividades en Santa Cruz de la Sierra. Y esto no es nuevo.
En La Paz y El Alto sucede algo parecido con muchas construcciones que permanecen sin revocar durante años: inconclusa, puede tener una valoración impositiva menor que una concluida. No toda vivienda sin revocar obedece a razones tributarias; pero, resulta necesario preguntarse quién controla esas situaciones.
El problema no es exclusivo de un sector social. Se presenta en todos los niveles. En las transferencias de inmuebles se busca declarar valores menores; cuando llueve o hay bloqueos, algunos comerciantes aprovechan para subir exageradamente los precios. En fin, cuando podemos sacar una ventaja, lo hacemos sin pensar en los demás.
En Santa Cruz decimos… rascar para adentro.
¿Estamos frente a una ciudadanía que ha perdido su conciencia institucional o frente a un Estado cuyas instituciones no funcionan como deberían?
Creo que las dos cosas se alimentan mutuamente.
Michel Foucault enseña que el poder no está solamente en el Estado. También se encuentra en nuestras relaciones cotidianas y en las conductas que reproducimos. Pero hay algo más: cuando las instituciones permiten que determinadas irregularidades continúen durante años, terminan contribuyendo a que se conviertan en costumbre.
¿Por qué un municipio acepta registrar un vehículo que no cumple los requisitos de radicatoria? ¿Por qué otro permite que una construcción permanezca declarada como inconclusa indefinidamente? ¿No existen controles o simplemente no se aplican?
El alcalde Saavedra puede negociar con los transportistas para evitar un incremento de tarifas y exigir que regularicen sus vehículos. Pero, esa solución será insuficiente si no existe un acuerdo con los demás municipios para impedir que las mismas prácticas continúen.
Aquí recuerdo una experiencia personal.
En diciembre de 2008, cuando ejercía la jefatura de una bancada opositora en el Congreso Nacional, el entonces diputado Rodrigo Paz Pereira me planteó respaldar la elección del ingeniero Antonio Costas a la Corte Nacional Electoral. Llevé la propuesta a mi bancada y conseguimos su apoyo. Aquella decisión formó parte del proceso político que permitió introducir el padrón electoral biométrico en 2009, una conquista importante de la oposición.
Años después, en un encuentro casual en la UPSA, Costas me comentó que existían muchos registros con problemas de duplicidad documental. En aquellos años se habían denunciado cifras muy grandes.
El biométrico podía ser mucho más que un instrumento de transparencia electoral. Podía servir de base para que las distintas instituciones públicas compartieran información, identificaran correctamente a las personas y evitaran trámites innecesarios. Impuestos, municipios, catastros, vehículos y otras dependencias podían avanzar hacia una administración moderna. Sin embargo, esa integración generalizada no se produjo por aquellas duplicidades.
Hoy contamos con tecnología suficiente para avanzar en ese camino, siempre que existan controles que protejan los derechos de los ciudadanos y eviten el uso político de su información.
El problema, entonces, no es solamente tecnológico. También es político e institucional. Porque una cosa es que el Estado no pueda fiscalizar y otra muy diferente es que tenga la capacidad de hacerlo, pero decida a quién controlar y cuándo hacerlo. Y mientras tanto, el ciudadano aprende que cumplir la ley depende de las circunstancias, de sus relaciones o de su habilidad para encontrar una ventaja.
Volvamos a la pregunta inicial: ¿Estado o soberano fallido?
Quizás el problema sea que hemos terminado acostumbrándonos a un Estado que no siempre hace cumplir la ley y a una ciudadanía que, cuando puede, encuentra la manera de no cumplirla.
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(*) Abogado y Criminólogo (Santa Cruz/Bolivia)
