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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recalcado constantemente el discurso de la soberanía nacional. Ante los constantes embates discursivos del gobierno de Donald Trump, la mandataria federal ha tratado de atajar las presiones con la configuración de la defensa del país.
No obstante, Washington ha redoblado las presiones en contra de México, pues ha exigido que exista persecución en contra de los políticos vinculados con el crimen organizado, además de reforzar las acciones de seguridad con un incremento en el presupuesto de la demarcación.
El gobierno de Trump ha insistido a Sheinbaum en la importancia de dejar de proteger a los políticos mexicanos implicados con el crimen organizado, debido a que ha considerado a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, lo que le “daría facultades” para intervenir en otro país, como ocurrió cuando en 2003 George W. Bush inició la llamada guerra contra el terror contra Afganistán e Irak.
A pesar de que Sheinbaum ha incrementado los esfuerzos para combatir el crimen organizado, con el asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, para Trump, las acciones de las autoridades mexicanas han sido insuficientes.
Por ello, ha demandado al gobierno de Sheinbaum capturar a los narcopolíticos, entre ellos se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por mantener vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum ha cooperado con Trump con el envío de los principales narcotraficantes mexicanos detenidos hacia Estados Unidos, el incremento de las acciones de seguridad, cambiando drásticamente la fallida política de seguridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, basada en “abrazos, no balazos”, pero se ha rehusado a colaborar con la captura de los narcopolíticos.
La mandataria federal ha asumido un rol de protección política hacia Rocha, debido a que es parte de la herencia de López Obrador, y por ello ha tratado de referir que el gobierno estadounidense no ha presentado ninguna prueba sobre la supuesta colusión del mandatario estatal con licencia con el Cártel de Sinaloa (CDS).
Aunque cuando Rocha decidió regresar a la gubernatura, la mandataria federal operó para deslindarse de su retorno, sigue sin existir una investigación sólida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del mandatario estatal morenista.
LOS SEÑALADOS POR ESTADOS UNIDOS
El gobernador con licencia de Sinaloa no es el único personaje político implicado con los cárteles de las drogas. Las autoridades norteamericanas han retirado al menos 50 visas de políticos mexicanos por posibles vínculos con el crimen organizado.
La política coercitiva que ha caracterizado la segunda gestión de Trump ha evidenciado que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, perdió su visa para viajar legalmente a la Unión Americana, por lo cual la propia mandataria estatal manifestó su intención de cooperar con las autoridades norteamericanas a cambio de recuperar su permiso de tránsito.
También han sido señalados los gobernadores morenistas de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente. En ambos casos las autoridades norteamericanas han referido que existen investigaciones en su contra por posibles vínculos con el crimen organizado.
Ambos políticos han rechazado cualquier tipo de indagatoria en su contra y enfatizaron que se trata de una serie de cuestionamientos sobre su labor, lo que ha generado más problemas para Palacio Nacional.
Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a los políticos implicados con el crimen organizado en tanto formen parte de su movimiento político, pero Washington no sólo ha fijado su mirada en estos personajes, sino que también ha ampliado su mirada hacia el senador Enrique Inzunza, quien recientemente regresó a su escaño en el Senado a cambio de su separación del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Otra de las que ha sido señalada en esas investigaciones ha sido la senadora Julieta Ramírez, quien apenas fue nombrada por la dirigencia nacional de Morena como la posible aspirante a la gubernatura de Baja California, en sustitución de Marina del Pilar.
Todas esas acusaciones en contra de políticos morenistas le está cobrando factura a Sheinbaum, quien recibe presiones directas de Washington, dado que no ha manifestado intenciones serias para colaborar abiertamente con las autoridades norteamericanas para entregar a Rocha o a algún otro político de alto nivel.
No obstante, también ha considerado que si permite la extradición de Rocha a Estados Unidos, Trump no cesará en seguir solicitando más detenciones y aprehensiones, lo que también causaría una humillación mayor para el propio partido político.
Así, el gastado discurso de soberanía que tanto ha pronunciado la presidenta dependerá de su capacidad para deslindarse de los políticos acusados de nexos con el crimen organizado, lo que a su vez puede fracturar más al movimiento político que encabeza.
La mandataria federal concentra un elevado poder administrativo y técnico, pero sus capacidades políticas son débiles, ya que se demostró que no ha podido elegir a la aspirante a la gubernatura de Guerrero, pues buscaba que fuese Esthela Damián, la ex consejera jurídica de la Presidencia, y perdió ante Beatriz Mogica.
LA COERCIÓN HACIA MÉXICO
Trump ha empleado varios instrumentos para obligar a México y a sus socios comerciales a someterse a su voluntad. El más efectivo ha sido el modelo arancelario, dado que ha aplicado estas medidas fiscales en la balanza comercial a cambio de aceptar las exigencias del mandatario republicano.
Además, México se encuentra en mayor vulnerabilidad, pues más del 80 por ciento de las relaciones comerciales del país las desarrolla con Estados Unidos, por lo cual la renegociación del T-MEC ha sido otra moneda de negociación agresiva que ha impuesto Trump.
Mientras que México y Canadá se encuentran en vulnerabilidad ante las decisiones estadounidenses, el gobierno de Trump ha aprovechado para despotricar por el propio acuerdo comercial regional que impulsó en el inicio de su primera gestión como presidente.
El gobierno de Sheinbaum ha tratado de sortear de la mejor manera posible los arranques emocionales de Trump, ya que cualquier arrebato puede desencadenar en una afectación drástica para la economía mexicana y por ello la presidenta en todos sus discursos nunca se ha pronunciado negativa ni tajantemente en contra del inquilino de la Casa Blanca y su mensaje se ha enfocado únicamente en los personajes de segundo nivel de su gabinete.
Ante la elevada dependencia comercial de México, Sheinbaum deberá actuar ante las presiones estadounidenses, pues de lo contrario las presiones seguirán escalando y podrían desencadenar en una intervención militar norteamericana en contra de algún narcopolítico que podría ser extraído del país como sucedió en 2024 con la captura del líder del CDS, Ismael “El Mayo” Zambada.
Los instrumentos fiscales tienden a ser más eficaces en la obtención de sus objetivos que otro tipo de acciones promovidas por Estados Unidos. Trump ha presumido que ha impulsado un modelo de negociación efectivo para su país, pero dañino para el resto de las naciones.
Si México no aceptar la detención de narcopolíticos, podría favorecer el discurso interventor que tanto ha pronunciado Trump, mientras que Sheinbaum se encuentra en un momento de elevada complejidad política y económica, por los efectos contraproducentes que pueden derivar de sus decisiones políticas.
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(*) Periodista y Politólogo
