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En medio de cada nueva ola de podredumbre que viene a recubrir con una nueva capa al “Estado Cloaca”, creo que hay ciertos elementos estructurales que no deberíamos perder de vista.
Pero partamos por lo que agobia en lo inmediato, entre tantas noticias “extra ordinarias”.
Hace ya meses se viene denunciando la intromisión de “intereses extranjeros” (cof cof, Trump/Milei) en asuntos gubernamentales, y eso al más alto nivel, algo que se cristalizaba particularmente en la figura de Fernando Cerimedo. Incluso el exministro Lupo, antes de bajarse (o de que lo bajaran) del gobierno, no pudo esconder en una entrevista que existía un asesorazo presidencial del cual, hasta hoy, se desconoce quién paga sus servicios o con qué dinero.
Se refería a un “asesor de la comunicación” (para no decir un enfermo de la desinformación, el hostigamiento y mucho más) que, como varios ejecutivos del gobierno, acumulaba más prontuario, por lo menos a nivel de acusaciones, que hoja de vida, y que en esta oportunidad había llegado incluso a ser profesor de la hija de Paz.
Por cierto, en su momento la COB incluyó entre sus demandas que Cerimedo fuera alejado del poder. Hoy, por boca del exministro de Trabajo de Paz, se lo vislumbra todopoderoso. No solamente manejaba la comunicación, sino que daba órdenes a ministros, asignaba cargos al más alto nivel y mediaba favores. Sobre todo eso, Paz no ha dicho una sola palabra y, en estas circunstancias, el que calla otorga.
A eso se suman las acusaciones que se desprenden de boca de Beller (que, por cierto, me produce una repulsión profunda por su pasado masista, dicen que incluso camachista y ahora dentro del gobierno de Paz) sobre una extensa red de corrupción que involucraría desde la primera dama hasta una larga lista de legisladores de prácticamente todo borde político, que “supuestamente” recibían USD 5.000 al mes para alinear sus votos a favor de la medida que se les pidiera, abstenerse de fiscalizar o cumplir tantas otras de esas minucias que formalmente están a cargo de la Asamblea (como bien dijo María) MultiParasitaria, que, valga la redundancia, hoy parece servir principalmente a sus propios intereses y a los de los sectores de poder que representa.
Por cierto, quien “supuestamente” financiaba esa red era, nada más y nada menos, que el ministro Óscar Mario Justiniano.
No me cabe duda de que existen un par de buenos elementos, legislativos o ministeriales, aunque claramente insuficientes para modificar esta apreciación severa sobre el papel de la Asamblea y del Ejecutivo, que, reitero, hasta ahora pocas veces han demostrado servir para algo bueno (las principales excepciones han sido cuando no avanzaron medidas demasiado impopulares).
Ahora bien, Cerimedo, Beller y las acusaciones que se van acumulando semana tras semana son importantes, pero creo que quedarnos solamente en ellos puede hacernos perder de vista algo más profundo. Incluso si mañana algunas de estas denuncias se desmoronaran, seguiría en pie una pregunta bastante más incómoda. ¿Qué capacidad existe hoy dentro del propio Estado para controlar a quienes concentran poder político y económico?
Ahí es donde quisiera adentrarme poco a poco, porque creo que es donde estas líneas pueden aportar realmente algo.
No existen contrapoderes estatales, dentro del propio Estado, capaces de hacer frente a los grupos de interés extractivos y a los sectores económicamente más poderosos. Y eso es particularmente grave en un momento en el que se están tomando decisiones enormes sobre deuda, recursos públicos, combustibles, regulación, empresas estatales y sobre quién termina pagando los costos de la crisis.
Primero, acaban de nombrar a Óscar Mario Justiniano, que era ministro de Desarrollo Productivo y desde hace unos días también de Medio Ambiente, como ministro de Economía interino. En otras palabras, hoy es probablemente el ministro con mayor acumulación de poder dentro del gobierno de Paz y tiene bajo su responsabilidad la distribución de los recursos provenientes de los gigantescos créditos que se han ido negociando durante estos meses.
A su vez, tiene bajo su órbita Impuestos Nacionales, así como la política vinculada a los fondos de pensiones, claves para todo el sistema financiero, el BCB, en un país donde la independencia real entre poderes e instituciones deja “bastante” que desear, la ASFI, que regula al sistema financiero, la Unidad de Investigaciones Financieras, y ahora también la ABT, que controla los desmontes y el sector maderero, precisamente un rubro en el que su hermano ocupa una posición de liderazgo.
El problema no es solamente la cantidad de instituciones que se acumulan bajo una misma autoridad. Es también qué instituciones son, qué capacidad de decisión tienen y qué sectores deberían regular, fiscalizar o investigar.
Recordemos, por última vez aunque seguramente no será la última, que hablamos del expresidente de la CAO, íntimo amigo de la crápula del hijo de Luis Arce Catacora y representante no solamente del agropoder sino de las élites económicas del departamento de Santa Cruz, hoy situado en la cima misma de esta acumulación de poder.
Ya lo dije, aunque suene repetitivo. Existen demasiados conflictos de interés y cada vez queda más claro que el agropoder gobierna junto a Paz.
¿Por qué hablo de conflictos de interés? ¿Es él quien va a investigar a Espinoza por el tema del Audi? ¿Las instituciones que ahora dependen de él van a investigar estos casos de corrupción y su eventual participación en ellos? ¿Será bajo su autoridad que se realicen investigaciones financieras a miembros del gobierno de Arce? ¿O incluso a los de Evo? ¿Y qué elemento concreto de su gestión hasta el día de hoy lo hace meritorio de semejante megacargo?
Segundo el otro gran contrapoder debería ser la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la Asamblea no solamente ha sido completamente incapaz, por iniciativa propia, de avanzar algún proyecto de ley verdaderamente relevante, cuando prácticamente todos los sectores sociales del país acumulan múltiples demandas que requieren justamente respuestas legislativas, sino que además carece cada vez más de la confianza necesaria para cumplir su función de fiscalización.
Mucho más ahora, cuando llueven acusaciones sobre sus propios miembros y se conforman grupos de trabajo para investigarlas que, en algunos casos, incluyen a los mismos acusados de haber recibido ese “sobresueldo”, en una trama que parece involucrar a actores de prácticamente todo borde partidario.
Y recordemos que son precisamente esos mismos legisladores quienes están llamados a fiscalizar y aprobar los contratos con el FMI y otras organizaciones multilaterales que nos van a prestar sumas gigantescas de dinero, cuya buena ejecución e inversión debería permitir generar las condiciones necesarias para devolverlas, o cuya mala administración podría hundirnos un poco más y meternos en una espiral de endeudamiento que termine costándonos un ojo de la cara y la reventa de varios órganos.
Y no se trata solamente de los créditos. Estamos atravesando también una serie de transformaciones institucionales que pueden modificar profundamente quién controla determinadas funciones del Estado, quién se beneficia de ellas y quién termina pagando sus costos.
Recordemos que acaban de cambiar al gerente de Aduanas, una institución que ahora dicen querer “institucionalizar”, y que la ANH, clave para garantizar combustibles de calidad y que, según nos anunciaron hace pocos días, habría dado “buenos” resultados durante muchos años, pretende ser transformada en una empresa público privada, algo cuya lógica cuesta bastante imaginar.
Y finalmente, con la baja importación de combustible y la escasez inducida, pronto muy probablemente nos anunciarán que YPFB ya no importará combustible sino que lo hará el privado y, desde luego, su ganancia no será de 1 Bs por litro. Por lo tanto, el precio de venta nos va a apretar un poco más el cinturón.
Precisamente cuando decisiones de semejante magnitud están sobre la mesa, necesitaríamos una Asamblea con enorme legitimidad y capacidad fiscalizadora. Lo que tenemos, en cambio, es una Asamblea atravesada por acusaciones sobre compra de votos, sobresueldos y redes de favores.
¿Quién controla entonces a quienes deberían controlar? ¿Qué capacidad real de fiscalización puede tener una Asamblea atravesada por estas acusaciones cuando está llamada, al mismo tiempo, a decidir sobre créditos multimillonarios, contratos internacionales y transformaciones institucionales de enorme alcance?
El tercer contrapoder debería encontrarse en la justicia y en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.
Y aquí no podría dejar de mencionar algunos hechos que en sí pueden parecer menores, pero que ponen seriamente en duda la igualdad de trato de la justicia cuando se trata de personas vinculadas al narcotráfico o al contrabando de oro.
Tenemos la liberación o el “arresto domiciliario” de la hermana del destacado narco Marset, el caso del encargado de transportar los 189 kilos de oro de contrabando en la avioneta de un empresario brasileño, o el caso de la exdiputada y sus 32 maletas traídas en vuelo chárter hasta Viru Viru.
Y por eso mismo sorprende que ahora el Ministerio Público esté actuando con semejante celeridad en el caso Beller.
No porque Beller no deba ser investigado. Que lo investiguen todo lo que corresponda. Pero si el Estado demuestra que puede actuar con enorme rapidez y contundencia en este caso, resulta inevitable preguntarse por qué esa misma capacidad parece bastante menos evidente en otros que involucran narcotráfico, contrabando de oro o actores con fuertes conexiones económicas y políticas. Y entonces aparece la pregunta sobre quién ocupa ese vacío
Hasta aquí podríamos decir que tenemos un Ejecutivo con una enorme concentración de poder, una Asamblea cuya capacidad de fiscalización está profundamente erosionada y una justicia cuya igualdad de trato merece, por lo menos, ser interrogada.
Pero todavía falta una pieza importante. A todo eso sumemos que el agropoder cuenta hoy con una bancada amplia y poderosa. Algunos de sus integrantes podrán distanciarse entre sí, como Branko y sus amigos de Libre respecto de otros sectores, podrán disputarse espacios y hasta intercambiarse algún golpe, pero resulta difícil imaginar que voten en contra o impulsen medidas que perjudiquen seriamente la expansión de los intereses económicos que representan.
Y esto importa porque una cosa es que determinados sectores económicos tengan representación política, algo perfectamente normal en cualquier democracia, y otra bastante diferente es que esa representación se combine con una creciente presencia dentro del Ejecutivo, con capacidad de incidencia sobre organismos reguladores y con la debilidad de las instituciones que deberían fiscalizarlos.
Ahí es donde empieza a borrarse la distancia entre quienes tienen intereses económicos particulares, quienes toman las decisiones públicas y quienes deberían ponerles límites.
¿Qué contrapeso puede ejercer la Asamblea frente al poder económico cuando una parte importante de sus miembros responde precisamente a los sectores que deberían ser objeto de esa fiscalización? ¿Qué capacidad de regulación tienen instituciones que dependen de autoridades estrechamente vinculadas a los sectores regulados? ¿Y qué posibilidades existen de investigar conflictos de interés cuando quienes deberían hacerlo terminan dependiendo directa o indirectamente de las mismas estructuras de poder?
El problema, entonces, no es solamente la suma de escándalos, personajes impresentables o posibles delitos que van apareciendo semana tras semana.
Es que, detrás de cada nueva capa de pudredumbre, se va haciendo más visible una estructura donde quienes concentran poder económico también acumulan capacidad de decisión política, mientras las instituciones llamadas a fiscalizarlos, regularlos o ponerles límites aparecen cada vez más debilitadas, capturadas o directamente atravesadas por esos mismos intereses.
Buena parte de todo esto ya existía en gobiernos anteriores. No nació con Paz y seguramente tampoco desaparecería automáticamente con otro presidente. Pero justamente por eso me parece todavía más importante mirar el problema de manera estructural y no quedarnos solamente en el personaje impresentable o el escándalo de la semana.
Y en medio de una crisis económica que exige sacrificios a casi todos, esa ausencia de contrapoderes no es un detalle menor.
Son estos mismos espacios de poder los que deberán decidir cómo se utilizan los gigantescos créditos que estamos adquiriendo, qué instituciones se privatizan o transforman, quién importa combustibles, quién recibe las rentas asociadas a esas actividades, qué sectores son fiscalizados, cuáles reciben beneficios, cuáles cargan con nuevos costos y, finalmente, quién paga la factura de la crisis.
Por eso, para mí, la pregunta verdaderamente importante no es solamente quién robó, quién recibió USD 5.000, quién puso a quién en un cargo o quién asesora al presidente desde las sombras.
La pregunta es quién controla a quienes deberían controlar. Y, sobre todo, quién tiene hoy la capacidad de decidir cómo se reparten los costos de esta crisis mientras todos (o casi todos) nos ajustamos los pantalones y la Plutocracia sigue pujante. Al final, era previsible, es al fin y a cabo ¡Capitalismo para todos!
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(*) Escritor, Economista e Investigador (Bolivia)
Fuente original: https://www.facebook.com/stasiek.czaplickicabezas
