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El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue vinculado a proceso por el delito de huachicol fiscal. El primer gobernador de oposición en la historia reciente del país se ha convertido en la principal apuesta de la “cuarta transformación” para configurar la atención de la narrativa pública ante las recientes crisis que ha vivido por los señalamientos de los gobernadores emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con presuntos vínculos con el crimen organizado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum presenta al ex gobernador panista como el alfil político necesario para ofrendar a la opinión pública una tregua ante semanas de presiones políticas y mediáticas en contra de la “4T” por los nexos de Rubén Rocha Moya con el crimen organizado y los reciente audios filtrados de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, dispuesta a entregar información de Estado a las autoridades norteamericanas.
El fin de semana pasado el gobierno de Sheinbaum aprehendió a Ruffo, un personaje cuya carrera política se ha enfriado en los últimos años tras perder presencia en la estructura del Partido Acción Nacional (PAN), pero que decidió unirse al nuevo partido político “Somos México” como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Ruffo de haber conformado una red de huachicol fiscal, utilizando documentación falsa o apócrifa para evadir el pago de impuestos, a través de la empresa Ingemar, de la cual ex también es senador es uno de los accionistas principales.
Las acusaciones no carecen de fundamento. El gobierno de Sheinbaum ha emprendido una campaña en contra del huachicol fiscal, delito que se había normalizado durante años, principalmente tras la aprobación de la reforma energética que fue avalada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Así, la detención del ex gobernador le permite al gobierno federal presumir que la cruzada contra el huachicol fiscal es efectiva y también sirve para presentar estos resultados a las autoridades norteamericanas, ante las presiones de Washington por la presencia del crimen organizado en el país.
Aunque diferentes personajes de la oposición han tratado de proteger a Ruffo, al recordar que se trató del primer gobernador de oposición en el país que logró romper con la hegemonía política que mantenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), estos hechos no eximen cualquier responsabilidad en hechos ilícitos en agravio de la nación.
La defensa sincronizada
Tras la captura de Ruffo, el nuevo partido político Somos México alegó que las autoridades norteamericanas acusaban a una empresa diferente de la cual el ex gobernador bajacaliforniano no tenía ninguna responsabilidad, mismo argumento que algunos columnistas tratan de establecer en algunos medios de comunicación, al asegurar que la responsabilidad es del transportista y una empresa de Nuevo León.
Esta postura ha sido avalada por otros actores políticos de oposición como la cúpula del PAN que le guarda cierto cariño a Ruffo y que demandó la liberación inmediata del ex mandatario estatal, al atribuir que se trataba de un acto de persecución política.
No obstante, estos argumentos que han configurado el tema Ruffo como parte de la discusión pública han servido a los intereses de la 4T, pues ha desviado la atención de los temas relacionados con Rocha y Marina, al menos momentáneamente.
Esta estrategia de comunicación planteada por el gobierno federal ha sido efectiva. Pese a que existen cuestionamientos crecientes sobre la labor de la gobernadora de Baja California, ha pasado a segundo plano de la opinión pública, lo que a su vez también sirve como oxígeno para la mandataria estatal que fue exhibida por su incapacidad de atender esa crisis mediática.
Además, parece que la narrativa en contra de Rocha parece evaporarse, conforme transcurren los días para el cumplimiento del plazo establecido por el gobierno de Estados Unidos a México para entregar al mandatario estatal con licencia, quien se ha cobijado con el amparo de la 4T.
Así, al menos ante la presión local que tiene Sheinbaum le permitirá abordar el caso de Ruffo en las conferencias de prensa mañaneras, dejando de lado los temas relativos a Marina del Pilar, así como de Rubén Rocha.
Pero las presiones de Washington seguirán creciendo, ya que a las autoridades norteamericanas no le interesa la captura de un ex gobernador que estaba alejado de la palestra pública nacional, sino que pretenden obtener la cabeza de uno de los narcopolíticos en activo más importantes para el movimiento político que gobierna el país.
El abogado de Ruffo es Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación (Segob) en el sexenio de Felipe Calderón y tío de Inés Gómez Mont, conductora de Tv Azteca, también implicada en redes de factureros que ha investigado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El ex funcionario federal ha tratado de impulsar una narrativa poco efectiva, pues en el país la mayoría de la ciudadanía tiene una pésima percepción sobre la labor de los ex gobernadores, sin importar el partido político.
Por ello, no importa que se compruebe la responsabilidad penal de Ruffo, la opinión pública funge como jueza moral que inmediatamente dicta un veredicto en el que incluye al ex gobernador panista en la lista de otros ex mandatarios estatales aprehendidos que han sido defenestrados por su labor como servidores públicos.
Aunque en el caso de Ruffo la responsabilidad penal no se relaciona con su quehacer como gobernador, debido a que dejó el gobierno estatal hace más de 30 años, su responsabilidad penal por formar parte de una empresa que opera en la red de huachicol fiscal representa un agravio tanto para el panismo como para el incipiente Somos México.
Pero estos veredictos morales de la opinión pública se aplican de la misma manera hacia gobernadores acusados de nexos con el crimen organizado como Rubén Rocha, quien tiene una pésima percepción pública por todos los escándalos que se han asomado en su gestión al frente de Sinaloa y por la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa (CDS).
A pesar de que no existe una resolución judicial en contra de Rocha, la opinión pública ya lo ha sentenciado y por ello insostenible su permanencia como gobernador, y esa misma situación se podría aplicar en contra de Marina del Pilar, quien ha sido exhibida por su incapacidad para gobernar al estado fronterizo que tiene el mayor flujo monetario entre México y Estados Unidos.
Por ello, Sheinbaum orquestó desviar la atención con la captura de Ruffo, que probablemente estaba contemplada para otro momento, pero la agenda mediática obligaba a concentrar las miradas en el escándalo del ex gobernador que también alimenta la narrativa de la 4T que asegura que los principales males del país se configuraron en el pasado.
La carta de Ruffo sirve en este momento, pero conforme avancen los días las autoridades norteamericanas retomarán el caso de Rocha o de Marina, pues no ha sido Sheinbaum quien ha instalado la narrativa pública, sino que ha sido Washington, que ha obligado a la presidenta a reaccionar constantemente a todos los escándalos que involucran a otros actores políticos vinculados con la 4T.
Ante la dinámica polarizadora que ha impulsado Estados Unidos, poco ha podido hacer Sheinbaum, más que intentar reaccionar ante las acusaciones de Washington a través de las conferencias de prensa mañaneras, mismas que son menos potentes discursiva y políticamente con respecto a las que estableció Andrés Manuel López Obrador que medía claramente el “spin” de los momentos que se discutían en la agenda pública y por ello su credibilidad no decreció de manera sustantiva con relación a sus antecesores.
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(*) Periodista y Politólogo
