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Estalló un nuevo escándalo en el seno de la “4T”. En esta ocasión se difundieron los audios en los cuales la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, conversa con un presunto intermediario del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), a quien asegura estar dispuesta a entregar información de las reuniones de Seguridad Nacional a cambio de evitar ser extraditada a Estados Unidos.
El escándalo mediático vuelve a cimbrar a la cúpula de la autollamada “cuarta transformación”, en medio de las crecientes presiones de Washington por la entrega del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de nexos directos con el Cártel de Sinaloa (CDS).
Los audios que fueron confirmados por la propia mandataria estatal dejan en un extremo grado de vulnerabilidad tanto a la gobernadora como al movimiento que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dado que fortalece la narrativa de la colaboración de gobernadores morenistas con el crimen organizado.
La crisis que se cierne sobre la gobernadora de Baja California ocurre a 14 meses de que el gobierno de Estados Unidos retiró la visa a la mandataria estatal, tras ser investigada por los vínculos de su ahora ex esposo, Carlos Torres, con el crimen organizado, ya que presuntamente servía como un agente del esquema de lavado de dinero en Tijuana.
Sheinbaum ha protegido rápidamente a Marina del Pilar al negar que hubiese sido un intento de expiación de sus responsabilidades penales y rechazó que se tratara de un acto de traición a la patria por proveer información de carácter nacional a una agencia extranjera.
Según la mandataria federal, la postura de Marina del Pilar es diferente a la que relaciona a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, ya que existe evidencia de que las autoridades estatales colaboraron con agentes norteamericanos para combatir a grupos criminales sin informar a la Federación.
Según la inquilina de Palacio Nacional, la versión de Marina del Pilar no contradice la narrativa de intervencionismo norteamericano y tampoco pone en riesgo la seguridad de Baja California, aunque en el Congreso local la oposición ha exigido que la mandataria estatal se separe de su cargo para enfrentar el proceso legal.
Las fracciones opositoras a Marina del Pilar han afirmado que la gobernadora está dispuesta entregar secretos del Estado mexicano a cambio de garantizar su propia libertad y evitar ser detenida por las autoridades estadounidenses como sucede con el mandatario estatal con licencia de Sinaloa.
La crisis que envuelve a Marina del Pilar han causado que su defensa sea aún más patética que un silencio sepulcral, pues no sólo admite su colaboración con agentes norteamericanos, sino que acusó al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de ser el responsable de filtrar los audios a la prensa.
El ahora comisionado estatal del Partido del Trabajo (PT) inmediatamente respondió a las acusaciones de la gobernadora, con quien mantiene una enfrentamiento personal y político desde hace años y a quien afirmó que “está en una crisis de pánico”, dado que el siguiente año serán elecciones en esa entidad y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) podría perder la gubernatura.
Aunque Bonilla fue gobernador de Baja California por Morena, en la administración de Marina del Pilar se separó de esa organización política y se alió al PT, por lo cual ha amagado que la siguiente gobernadora de esa entidad será Monserrat Caballero, quien en caso de ser elegida podría indagar a la actual mandataria estatal.
Bonilla también aprovechó la crisis de Marina para asegurar que la crisis de credibilidad que impacta en la actual a la gobernadora acompaña una serie de cuestionamientos sobre sus traslados a Estados Unidos sin tener visa para viajar, y optar por colaborar con el Departamento de Justicia de la Unión Americana.
El enfrentamiento entre Marina y Bonilla no es nuevo, ambos se han acusado mutuamente durante años por una serie de irregularidades tanto en la administración pública, como en el estado que se encuentra la entidad con un crecimiento significativo de la violencia y la inseguridad.
El FBI presiona a Palacio Nacional
Los escándalos que envuelven a Marina del Pilar están asociados con las exigencias de las autoridades norteamericanas que han evidenciado los vínculos de los mandatarios estatales con el crimen organizado, principalmente entre aquellos que son parte de la 4T.
Sheinbaum ha preferido defender a Rubén Rocha de las acusaciones del gobierno estadounidense al acusar que se pretende vulnerar la soberanía nacional y que serán las instituciones mexicanas las encargadas de investigar al mandatario estatal con licencia, aunque prácticamente la Fiscalía General de la República (FGR) ha exculpado al mandatario estatal.
No obstante, el reciente escándalo que estalló sobre las acusaciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que negó que el gobierno estadounidense hubiese actuado en la detención del líder del CDS, Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024, y posteriormente el FBI se adjudicó la organización del operativo.
Esos hechos reflejaron que el gobierno estadounidense dejó entrever que en caso de que la administración de Sheinbaum no actúe en contra de Rocha podría operar de forma clandestina para aprehenderlo y llevarlo ante la justicia estadounidense, como sucedió con el capo.
Así, el escándalo vertido en contra de la gobernadora de Baja California es una filtración orquestada por las autoridades estadounidenses a la prensa mexicana para seguir escalando las presiones en contra de Sheinbaum.
Previamente ya había acusado a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, por su presunta colaboración con el crimen organizado. Aunque ambos mandatarios estatales negaron haber cometido algún hecho ilícito, se trató de un nuevo mensaje de Washington hacia las autoridades mexicanas.
La claridad de los mensajes de las agencias estadounidenses muestra que será inminente la captura de algún gobernador morenista, ya sea Rubén Rocha o algún otro personaje que forma parte de la baraja de actores políticos que están envueltos en investigaciones por sus cada vez más visibles nexos con los grupos criminales.
Aunque la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del futbol provocó un ligero receso en las tensiones políticas, una vez que el combinado nacional fue eliminado de la justa deportiva, las crisis políticas y mediáticas retornaron con mayor fuerza hacia Palacio Nacional.
Sheinbaum no ha logrado sortear con efectividad las presiones de Washington y los diversos escándalos que involucran a los gobernadores morenistas, que también pueden derivar en la derrota electoral del partido guinda en las entidades donde estos escándalos colapsarán la credibilidad del instituto político.
En Sinaloa el vacío de poder que ha dejado Rubén Rocha ha causado más conflictos en la esfera política local que se seguirán acentuando conforme se aproxime el siguiente proceso electoral para la renovación de la gubernatura de esa entidad.
En Baja California seguirá escalando la presión en contra de la gobernadora para deje el cargo, pues la ciudadanía no confiará en una mandataria estatal que está más dispuesta a negociar por su libertad que por los intereses de la entidad, y esto empoderará a otros actores políticos que se deleitarán con la caída morenista.
En otras entidades, también gobernadas por Morena, resulta singular que las agencias estadounidenses tienen identificadas redes de corrupción de diferentes actores políticos que han actuado durante años con el amparo del poder presidencial tanto en el actual sexenio como en el anterior.
Así, este problema cada vez más complejo que encierra a Morena y a la cúpula de la 4T no deja de desencadenar en latentes condiciones de desigualdad que Sheinbaum tiene que enfrentar, ante un escenario de confrontaciones directas e indirectas que mantiene con Washington, que al mismo tiempo sigue siendo el principal socio comercial de México.
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(*) Periodista y Politólogo
