Foto: Todd Blanche Fiscal General (Departamento de Justicia Estadounidense)
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa con las investigaciones en contra de diferentes políticos vinculados con el crimen organizado. Los primeros imputados fueron el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador con licencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza, y los siguientes en la lista serán los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Las autoridades norteamericanas han identificado redes de contubernio entre diferentes personajes involucrados con la “cuarta transformación”, entre ellos a los gobernadores, cuyas visas han sido retiradas, junto con la mandataria estatal de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado proteger a Rocha, quien ha sido señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), pero esto ha representado un elevado costo político para la “4T”, que cada vez se extiende con más personajes del movimiento.
Aunque los gobernadores de Sonora y Tamaulipas negaron que las autoridades norteamericanas hayan retirado sus visas, las filtraciones de la prensa estadounidense representan un mensaje contundente en contra de los narcopolíticos que forman parte de las altas esferas del gobierno.
Ante los embates de Washington, volvió a reaparecer el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en una extensa carta manifestó su apoyo a Sheinbaum y pidió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no continúe con su política intervencionista que atenta contra los narcopolíticos mexicanos.
El erróneo mensaje de López Obrador evidenció una desesperación del líder moral de la 4T, quien ha reflejado en su mensaje que la intervención de Trump representa un riesgo para la continuidad de la cuarta transformación, debido a que escala la conflictividad con diversos personajes que estrecharon relaciones con el crimen organizado.
Para López Obrador, la nueva versión de Trump es contraria a la que conoció. El tabasqueño consideró que el mandatario republicano ha sido mal aconsejado para realizar acciones injerencistas en el territorio mexicano, por lo cual dilata las relaciones diplomáticas que establecieron México y Estados Unidos.
No obstante, esa supuesta defensa a la soberanía nacional es una justificación para evitar la extradición de los narcopolíticos que han sido señalados por actos de corrupción y vínculos con los cárteles de las drogas, a los cuales la administración de Trump ha catalogado organizaciones terroristas.
El temor al gran bully
La presidenta se ha rehusado a señalar directamente al inquilino de la Casa Blanca como el responsable de la embestida de Estados Unidos en contra los narcopolíticos, y ha acusado que se tratan de sus principales colaboradores los que lo han asesorado para intervenir en México.
A diferencia de otros casos, Sheinbaum sabe perfectamente que un ataque directo contra Trump puede provocar el enfado del principal “bully” del mundo. Un personaje colérico con escasa inteligencia emocional que podría no sólo ofenderla, sino que podría intensificar las operaciones intervencionistas en México.
Trump, conocido por su posición infantil, ha increpado a diferentes líderes de otras naciones como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así al presidente de Argentina, Javier Milei, por lo cual un ataque directo de Sheinbaum podría generar una serie de respuestas adversas por parte del empresario republicano.
Incluso recientemente Trump regañó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien recriminó que decidiera continuar con los ataques en el Líbano, en medio de las negociaciones de paz con Irán, por lo cual incluso lo acusó de “loco” y le recordó que debido a su intervención no está encarcelado por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido.
Por ello, tampoco López Obrador se pronunció directamente en contra del jefe de Estado y lo eximió de cualquier responsabilidad al referir que se tratan de los asesores de Trump, quienes pretenden vulnerar la soberanía nacional con la detención de diferentes personajes públicos.
Desde esa mirada, López Obrador imploró por una versión más moderada de Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca se ha caracterizado por ser más enérgico y visceral con una serie de acciones que han modificado el orden mundial, distanciándose de sus tradicionales aliados.
El ex presidente ha instado a Trump dejar de intentar intervenir en México, al asegurar que Sheinbaum ha manifestado una colaboración significativa para combatir al crimen organizado, lo que evidencia implícitamente que durante su gobierno no se efectuaron acciones suficientes en contra de los cárteles de las drogas.
El mensaje de López Obrador resulta innecesario, después de que Sheinbaum organizó su tradicional mitin en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México el fin de semana pasado, y en el cual básicamente expresó el mismo mensaje ante los miles de simpatizantes de Morena.
Aunque Sheinbaum ha alegado que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado pruebas sobre los vínculos de Rubén Rocha con el crimen organizado, el sistema judicial norteamericano se basa en los testimonios recopilados por diferentes fuentes y por esa razón fue sentenciado el ex secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, de quien tanto sacó provecho la 4T.
Ahora, el imputado es un personaje relacionado a la 4T y por ello ha tratado de minimizar las acusaciones existentes en contra del mandatario estatal con licencia, pero también aparecen en la mirada de Estados Unidos los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, en dos de las entidades más afectadas por la violencia acontecida por los cárteles de las drogas desde hace años.
El riesgo de la sobrevivencia de la 4T
Las acusaciones contra diferentes personajes de la 4T han derivado en una crisis partidista para el movimiento, ya que entre los propios simpatizantes de Morena ha crecido el encono, pues por un lado están los que tratan de defender a Sheinbaum y con ello proteger a Rocha, y por el otro, quienes reconocen que el gobernador con licencia de Sinaloa es una loza para el partido y con ello para la sobrevivencia del mismo.
Ante el inminente proceso electoral de 2027, las acusaciones penales en contra de Rocha pueden significar pérdidas electorales para Morena en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, así como en Baja California, cuyos gobernadores están en el ojo del huracán para Washington.
Estas derrotas podrían ser relevantes para el propio movimiento que es acusado de vínculos directos con el narcotráfico, dado que la percepción pública se relacionará directamente con el nexo con el partido político para mantener su continuidad.
Un movimiento que se había exculpado de cualquier nexo con la crisis de la partidocracia tradicional está contaminado por la presencia de personajes relacionados con el crimen organizado que evidentemente no comulgaban con la Izquierda, pero que fueron adheridos al movimiento por el pragmatismo de López Obrador que optó por integrar a cualquier personaje con el fin de asegurar votos.
Con esa multiplicidad de perfiles, Morena deberá lidiar con su propia sobrevivencia con una serie de cuestionamientos relacionados con distintos personajes que no cuentan con credibilidad para representar a un movimiento y que podría implicar el inicio del fin para el movimiento.
Aunque la oposición partidista está fragmentada y desarticulada, los votantes inconformes por las decisiones de Morena podrían realizar voto de castigo que podría ser atraído por un nuevo competidor en la contienda como es Movimiento Ciudadano (MC), que resulta atractivo para electores poco politizados.
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(*) Periodista y politólogo
