BOLIVIA: OTRO TERRIBLE DESACIERTO. Por Ricardo Fuentes (*)

———- O ———-
La afirmación “No dialogaré con vándalos (…) todos los demás tienen las puertas abiertas para dialogar” tiene connotaciones políticas y jurídicas delicadas en un contexto de alta conflictividad social como el actual.
El problema central no es únicamente discursivo. Es estratégico, constitucional y político.
Desde el punto de vista político, el lenguaje de exclusión reduce drásticamente las posibilidades de descompresión del conflicto. En situaciones de polarización aguda, el Estado necesita ampliar interlocutores, no reducirlos. La experiencia histórica boliviana -desde las luchas de 2003 hasta conflictos regionales y sectoriales posteriores- demuestra que la estabilidad rara vez se recupera mediante la descalificación del adversario. Cuando el poder define unilateralmente quién es un actor legítimo y quién no lo es, el diálogo deja de ser concertación y se convierte en adhesión condicionada.
El término “vándalos” tampoco es neutro. Tiene una fuerte carga criminalizante. Mezcla, sin diferenciación, a actores violentos con sectores movilizados que pueden tener demandas legítimas. Jurídicamente, eso genera riesgos porque el Estado constitucional debe individualizar responsabilidades penales, no construir categorías políticas grises para negar entendimiento colectivo.
En un Estado democrático, incluso los conflictos más radicalizados requieren canales políticos. La doctrina contemporánea de resolución de conflictos sostiene que el diálogo verdadero no se construye con aliados ni con sectores domesticados, sino precisamente con quienes tienen capacidad real de bloquear, resistir o desestabilizar. Dialogar no significa capitular ante delitos. Significa evitar que el conflicto escale hacia escenarios irreversibles.
La Constitución boliviana reconoce el pluralismo político, la participación social y el derecho a la protesta, aunque naturalmente esos derechos tienen límites cuando existe violencia o afectación de otros derechos fundamentales. Pero aun en esos casos, la respuesta estatal debe ser proporcional, diferenciada y orientada a preservar la paz social. El problema surge cuando el discurso oficial reemplaza la diferenciación jurídica por una lógica de una alternativa: “ciudadanos validados” versus “vándalos”.
Además, en términos de gobernabilidad, esta narrativa puede reforzar la cohesión de los sectores movilizados. La exclusión suele radicalizar posiciones, fortalecer identidades de resistencia y debilitar a los sectores moderados que intentan negociar.
Bolivia está hoy ante una combinación muy complicada: crisis económica, deterioro institucional, agotamiento del sistema de partidos, pérdida acelerada de legitimidad y conflictividad territorial y social creciente. En ese escenario, la concertación sin exclusiones no es una concesión graciosa: es probablemente la única vía racional para preservar la estabilidad democrática y evitar un ciclo de violencia política más profundo.
La historia latinoamericana enseña algo básico: cuando el poder deja de escuchar al adversario y empieza a etiquetarlo, el conflicto deja de administrarse y comienza a incubarse.
En sociedades fracturadas, la paz no nace de seleccionar con quién hablar, sino de impedir que el desacuerdo se transforme en una guerra entre bolivianos.
———- O ———-
(*) Analista Político, Ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca (Bolivia)
Fuente primaria: https://www.facebook.com/ricardo.fuentes.507