———- O ———-
Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en un personaje que escasos morenistas se atreven a proteger públicamente.
Después del escándalo mediático suscitado por las imputaciones del gobierno norteamericano en contra de Rubén Rocha por los vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), pocos actores políticos de la “cuarta transformación” se han pronunciado para defender a su compañero de movimiento.
Sólo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por obligación política, ha referido que serán las autoridades mexicanas las que deben indagar al mandatario estatal, que fue uno de los personajes más cercanos al ex mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador.
En la última asamblea nacional de Morena, la nueva dirigente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, ni siquiera se atrevió a pronunciar abiertamente el nombre del gobernador con licencia, aunque dejó entrever que se pretendía vulnerar la soberanía nacional con una eventual intervención norteamericana.
La ex secretaria de Bienestar federal ha dicho que ningún aspirante a algún cargo público puede estar señalado de vínculos con el crimen organizado, por lo cual indirectamente reconoció que cometieron un error al postular a Rocha a la gubernatura de Sinaloa.
Aunque Rubén Rocha no ganó la encuesta interna de Morena en 2021, por decisión de López Obrador fue postulado y avalado por el crimen organizado, que fungió como principal operador político para debilitar a sus adversarios políticos y provocar una contundente victoria electoral para el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
En su campaña electoral Rocha reconoció que tendrían que negociar con el crimen organizado, dicho que representaba las acciones que desarrollaba de forma paralela con el CDS que garantizó la victoria morenista a cambio de permitirles operar libremente por el territorio estatal.
Sin embargo, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del CDS, causó una ruptura irreversible en el crimen organizado, con el enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, y un abierto señalamiento público del capo hacia el gobernador de Sinaloa.
Desde ese momento el mandatario estatal debió separarse de su cargo, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que haber comenzado las investigaciones en su contra, pero Palacio Nacional ordenó mantener en el cargo a Rocha sin importar el costo político que representaba.
La evidente colusión con el crimen organizado ha derivado en una serie de deslindes por parte de diferentes morenistas, principalmente entre los fundadores del partido que han considerado que Rocha ha traicionado al movimiento, mientras que los más cercanos a López Obrador han hecho mutis al respecto.
Aunque Sheinbaum reconoce que se trata de un personaje que le cuesta políticamente a la “4T”, tiene que protegerlo como parte de la herencia de López Obrador, ya que de lo contrario podría desencadenar en una desbandada masiva dentro del partido.
La intención de Sheinbaum es mantener la unidad partidista, pero varios actores políticos han dejado de pronunciarse tan abiertamente y han adoptado una postura más mesurada como Héctor Ávila, el principal vocero legislativo de Morena que pregona los preceptos de la 4T en los medios de comunicación.
A pesar de que la presidenta ha solicitado pruebas al gobierno norteamericano para iniciar cualquier extradición en su contra, las autoridades estadounidenses no están obligados a presentarles, debido a que esto podría vulnerar el debido proceso y por ello buscan evitar que el caso caiga con la filtración de información.
Los testimonios y declaraciones vertidas por diferentes delincuentes que forman parte del CDS han sido consignadas como pruebas del contubernio de Rocha con el crimen organizado y que podría causar una persecución en su contra que podría ser sepulcral para Morena y todo su movimiento.
Personajes como Gerardo Fernández Noroña—con escaso capital político—trataron de cobijar a Rocha, pero al tratarse de una figura tan desprestigiada en la escena política nacional, sus declaraciones han resultado una burla, mientras que el legislador federal Ricardo Monreal ha tratado de evitar posicionarse públicamente para defender a su copartidario.
A diferencia de otras reuniones multitudinarias de Morena que se habían caracterizado por defender a los actores del movimiento que habían sido cuestionados como el famoso grito “no estás solo”, en el caso de Rocha el fin de semana pasado se demostró que sí está solo.
Ninguno de los presentes expresó abiertamente una intención de defensa en favor del gobernador con licencia, por lo cual incluso está tan repudiado dentro de la estructura morenista que ni personajes como el diputado federal Cuauhtémoc Blanco se ha pronunciado sobre el caso Rocha.
Tampoco entre los voceros de la 4T en medios de comunicación se ha emitido algún posicionamiento en favor de Rocha, pues al tratarse de un personaje tan impresentable han asumido el elevado costo político que representa su protección, misma que depende de la propia relación del mandatario estatal con licencia con el inquilino de Palenque.
Entre las más favorecidas de esta situación ha sido la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha reconfigurado la narrativa pública, al señalar que ella permitió la injerencia de agentes extranjeros para combatir al crimen organizado y no favorecerlo como el mandatario morenista.
La gobernadora panista ha optado por impulsar una narrativa más favorable hacia la “colaboración y cooperación” con Estados Unidos, mientras que Morena no ha podido dirigir los reflectores en su contra, ante los cuestionamientos tan abiertos que representan entre la opinión pública las acusaciones contra Rocha.
Sin embargo, el principal problema de ello ha sido que la sociedad mexicana está en una discusión sobre la intervención del crimen organizado o de Estados Unidos, dejando el papel del Estado mexicano en segundo plano y como un actor absolutamente inoperante para garantizar seguridad y gobernabilidad en el país.
Las presiones de Washington seguirán en ascenso, ante el deterioro público que ha sufrido Trump en los últimos meses, tras el fracaso de la guerra en Irán y el encarecimiento de los productos y servicios que se consumen en Estados Unidos, ya que la calidad de vida estadounidense es incluso peor que cuando comenzó la segunda administración del republicano.
El gobierno de Sheinbaum se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, ante las relaciones asimétricas en las que se encuentra, principalmente en medio de las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
En tanto, Rocha está protegido por elementos federales que se encargan de su protección, situación que incluso fue cuestionada por la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien denunció que su esposo, Carlos Manzo, no contó con seguridad nacional ante las amenazas del crimen organizado.
Mientras Sheinbaum esté enfocada en proteger a 4T, las presiones de Washington continuarán, pues Trump no pretende dejar de insistir con una intervención militar ante la reacción tibia del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado, cuyas redes se extendieron por los gobiernos municipales y subnacionales.
La principal pretensión de Sheinbaum es proteger a López Obrador, ya que sabe que las declaraciones de Rocha pueden involucrar directamente al ex presidente, en un contexto de fortalecimiento de la narrativa estatal y en medio de acusaciones constantes sobre su labor gubernamental.
Así, el fenómeno del crimen organizado representa un desafío estructural para la sobrevivencia de la 4T, que también tiene a otros gobernadores señalados por nexos con el narcotráfico como Américo Villarreal en Tamaulipas y Marina del Pilar Ávila en Baja California.
———- O ———-
(*) Periodista (EPCSG), Posgrado en Políticas Públicas y Humanidades (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)
