– Intereses legales y oscuros
– Naturaleza vs riqueza
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Aunados a los problemas que parecen eternos y enraizados en Latinoamérica como la pobreza, la desigualdad social, el narcotráfico, la corrupción y la desaparición constante e imparable de áreas de reserva ecológica, hay que sumar los cada vez más numerosos asesinatos de líderes comunitarios que se oponen a que los grandes intereses económicos, devasten los recursos naturales que aún siguen en pie.
A partir de las últimas dos décadas del siglo pasado, periodo en que en México, la estructura de un Estado dirigido por un solo partido político comienza a resquebrajarse y da paso a que partidos de oposición accedan a los diferentes puestos de poder, también se da paso a que la sociedad civil comience a organizarse y a defender diferentes causas de orden social, económico, cultural o ecológico.
Sin embargo, este periodo histórico, también afianza al sistema de economía global o “neoliberalismo”, como el que prevalece en gran parte de los países del orbe, por lo tanto busca diferentes formas de beneficiarse económicamente, sin importar, en muchos de los casos, afectar el equilibrio ecológico y de paso, cambiar diametralmente las formas de vida y organización social que por siglos, sustentaron muchos de los pueblos originarios.
Entonces hemos visto como gradualmente los intereses de los grandes corporativos tanto nacionales como trasnacionales han ganado poder político, ya sea con la cuestionada figura conocida como “cabilderos”, que juegan un papel de gestores dentro de los poderes legislativos, impulsando candidaturas o en negociaciones poco transparentes, inyectando grandes cantidades de dinero a campañas políticas, con el compromiso de amarrar jugosos negocios cuando el político favorecido llegue al poder.
Pero, si bien en cierto que la gradual apertura democrática que ha vivido México en los últimos 30 años, ha permitido que diferentes voces tengan representación política, también ha sido un campo fértil para que Organizaciones No Gubernamentales, surjan y defiendan los recursos naturales de sus comunidades que son un jugoso botín para los grupos de poder económico –en un principio-, y ahora, hasta por los grandes grupos del crimen organizado.
Organizaciones como “Greanpeace”, “Sin Maíz no hay País”, “La Unión”, “El Barzón”, “Frente Democrático Campesino”, o “La Unión de Pueblos de Morelos”, han enfrentado en clara desventaja, a grupos que pretenden obtener grandes beneficios económicos con actividades como el uso de maderas finas –con su respectiva tala de varias hectáreas de bosques-, la pesca desmedida, la agricultura netamente comercial o de plantas transgénicas.
Pero si bien es cierto que, gracias a sus acciones que siguen los medios de comunicación, y ahora se conocen gracia a las redes sociales, también hay que destacar el costo tan alto que han pagado sus líderes, pues estos han sido asesinados y en la gran mayoría de los casos, estos crímenes han quedado impunes.
Según una investigación de la ONG británica Global Witness, en su tercer informe global, tan sólo en 22 países, en 2017, al menos 207 líderes indígenas, comunitarios, defensores de los recursos naturales y ambientalistas fueron asesinados.
Industrias como la minería, la tala clandestina y más recientemente la posesión de cuerpos de agua, han provocado que algunos de los grupos afectados, recurran a la violencia como medio para quitar de en medio a líderes que se vuelven incómodos por oponerse a sus intereses.
En el caso mexicano, destaquemos los grandes proyectos de infraestructura energética como las presas hidroeléctricas, parques eólicos o plantas de energía nuclear, enfrentando al Estado Mexicano y a sus grandes paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a grandes empresas mexicanas como Energía Costa Azul o Demex S.A, e incluso a gigantes mundiales como Mitsubishi Corporation, Iberdrola, Capital Power o Sempra Energy.
En estos casos, se presume que la pelea por los recursos naturales se da dentro de las instituciones y el Estado de derecho, con recursos como amparos o los correspondientes estudios para demostrar el daño ecológico y el beneficio social que traen dichos proyectos, pero… ¿qué pasa cuando se enfrentan a los grupos que están fuera de la ley?
Aquí las cosas cambian y se tornan violentas, cuando líderes comunales se oponen a grupos del narcotráfico, a taladores clandestinos, a grupos mineros irregulares o a grupos que explotan la pesca de especies en peligro de extinción.
Nombres como los de Julián Vergara, líder campesino y presidente del comisariado ejidal de El Tianguis, asesinado en octubre de 1992 tras oponerse a la tala inmoderada en el municipio guerrerense de Acapulco, engrosan la nota roja, causan escándalo y luego quedan en el olvido.
(*) Periodista y Maestro UAM-Azcapotzalco
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