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A raíz de las declaraciones emitidas por el abogado Jeffrey Lichtman durante el juicio que enfrenta Joaquín Gúzmán Loera en Estados Unidos, las consecuencias se preveían, aunque no de una forma tan burda.
La repentina y “oportuna” muerte de Héctor Beltrán Leyva, quien se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, constituye un hecho de trascendencia, sobre todo porque el vecino país tenía entre la lista de testigos de cargo precisamente a este famoso rival de “El Chapo”.
El boletín emitido por la Secretaría de Gobernación es escueto respecto de la información, pero demasiado extenso en explicaciones.
Se afirma que luego de sentir fuertes dolores en el pecho del lado izquierdo, personal médico del penal le brindó la atención “conforme a los protocolos”. ¿En qué consisten los mismos? Seguro es secreto de Estado. No sabía que aplicar RCP pueda ser un procedimiento que se aplique en forma distinta en una prisión.
Asimismo, la suspicacia en este deceso es inevitable, porque puede ser el inicio de la eliminación de los narcotestigos que –como el Rey” Zambada- pudieran confirmar que Enrique Peña Nieto y su antecesor se reunieron con los líderes de los cárteles de la droga y recibieron millonarias aportaciones a cambio de dejarlos “trabajar” impunemente.
Imposible no pensar con “sospechosismo” (como diría cierto secretario de Gobernación), si se toma en consideración que con las reformas constitucionales aprobadas puede investigarse a quien en los próximos días dejará de ser Presidente de la República.
La distancia entre el penal federal y el Centro Médico Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca es de poco más de veinte kilómetros. Cabría preguntarse: ¿cuánto tiempo tardaron en llegar? ¿por qué si en el penal hay un área de atención hospitalaria que cuando menos debe tener lo necesario para atender este tipo de casos, lo sacaron del Altiplano?
Habrá que exigir a la Secretaría de Gobernación haga públicos los videos que acrediten cómo ocurrieron los hechos y que es veraz el fallecimiento. Si se ocultan arguyendo “cuestiones de seguridad nacional”, generará en la opinión pública la convicción de que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón sí tuvieron relación directa con el narco y recibieron beneficios económicos.
No es exagerado realizar tal afirmación, porque lo declarado por Héctor Beltrán habría dado luz sobre los tratos entre los gobiernos calderonista y peñista con los barones de la droga. ¿Casualidad o causalidad? Conste que es pregunta.
(*) Periodista.
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Buen análisis. Felicidades, sigan así.
Gracias estimado abogado, a seguir haciendo camino al andar. Fraternal saludo