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(Difusión PRENSA/CDMX 2018). Sin duda, a partir de la declaración de Andrés Manuel López respecto de la reducción de la mal denominada “publicidad oficial”, México inició una etapa de cambio y que contribuirá, considero que en forma toral, para un combate efectivo contra la corrupción.
Sin embargo, la intención no solamente se refiere a eliminar ésta, sino a pugnar por tener una prensa libre, que cumpla con lo que mandata la Constitución General de la República, respecto de los derechos humanos de informar y ser informado verazmente.
Poco o nada se dice respecto del papel que tienen los “desinformadores” en dicha corrupción. Sí, es una triste realidad y esos nuevos ricos lo han hecho a través de manipular la información
La andanada de ataques por todo y por nada a AMLO, lógicamente no son gratuitos. Con mayor razón, ahora que ha trascendido que no solamente se reducirá y paulatinamente eliminará la “publicidad oficial”.
De entre los anuncios que causarán mayor polémica, está el hecho de la iniciativa de reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito grave, a partir de 2022, el que los funcionarios otorguen prebendas indebidas a cualquier representante de la noble labor periodística.
Lo mejor del asunto, es que también serán sujetos de delito los informadores mercenarios que reciban cualquier beneficio económico o en especie por difundir información manipulada.
Ello, con independencia del hecho que también se planea investigar las fortunas de aquellos que cobijados al amparo de los medios han sido beneficiarios de millones de pesos y concesiones a cambio de favorecer la imagen del Estado y de quienes ostentan el poder.
En el año 2000, la SCJN emitió un criterio que ilustra claramente sobre el particular: “GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL.”
Recientemente, en Marzo,el Máximo Tribunal de la Nación les dio un pequeño golpe adicional, al determinar lo siguiente: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS MEDIOS NO TIENEN UN DERECHO CONSTITUCIONAL A QUE SE LES ASIGNE PUBLICIDAD OFICIAL”, lo cual, interpretado lato sensu, opera igual para quienes han hecho de la vendimia desinformativa su modus operandi, que no vivendi. Ahora, serán delincuentes si continúan con sus prácticas nefastas, que denigran al periodismo.
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(*) Abogado y Periodista