———- O ———-
Las interrogantes que despierta el que las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera fueran emitidas justo ahora que se reforma el artículo 22 de nuestra Ley Fundamental, son de trascendencia internacional, inclusive.
Aun cuando el vocero de EPN y Felipe Calderón sostienen que se trata de una medida defensista lo afirmado por Jeffrey Lichtman, lo cierto es que sus señalamientos fueron planteados en una Corte norteamericana, lo cual le da visos de veracidad, porque en el país vecino se puede ser sujeto activo de delito si se declara con falsedad y en el caso de los abogados, se les puede retirar la licencia para ejercer de por vida. Impensable arriesgarse sin pruebas.
Enrique Peña Nieto calificó de “absurdas” las imputaciones del jurista estadunidense, pero lo cierto es que éstas no deben provocarle risa como afirmó, porque los riesgos que corre ahora son francamente visibles.
La limitación constitucional para someter a proceso penal a un presidente, no será obstáculo a partir del primer minuto del próximo uno de Diciembre y en ese momento no gozará de fuero, al igual que su antecesor.
Estrecha vinculación tiene que la periodista Anabel Hernández haya dado a conocer en su momento una carta que le entregó “La Barbie” –testigo protegido “Mateo”-, en donde acusa que Calderón Hinojosa se reunió con capos de la droga para “llegar a acuerdos”, cuyas afirmaciones -al parecer-, confirmarían el dicho del defensor de “El Chapo”.
El tema se torna demasiado preocupante para el Estado Mexicano, porque estas declaraciones explosivas y lo afirmado por la periodista durante las entrevistas que ha concedido en las últimas horas podrían ser el preámbulo para que se inicie una investigación en contra del Jefe del Ejecutivo Federal en funciones y su predecesor.
Lo que se vería como un hecho remoto, hoy puede ser algo tangible y, en apego a la reforma del 22 constitucional (que traerá como consecuencia directa también modificaciones al Código Penal Federal y al CNPP), no es tan aventurado vislumbrar la posibilidad de que se peticionen medidas cautelares a un juez de control federal para que ambos puedan ser investigados.
Esto, además, daría un as al Poder Judicial de la Federación para negociar con el Presidente electo los temas por los que hoy realizó fuertes declaraciones el presidente de la SCJN contra actos de AMLO.
(*) Periodista
———- O ———-