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Como adelantamos en columna anterior, el avance en las reformas legislativas para combatir la corrupción será un pilar fundamental. La investigación de fortunas malhabidas, no se limitará a los casos de delincuencia organizada.
Sí. Con la adición al artículo 22 constitucional ahora se investigará también a particulares, así como a aquellos servidores públicos que ostentan millonarias y escandalosas fortunas.
Y no sólo se está trabajando en la Cámara Alta sobre el particular, sino que además el equipo de transcisión prepara un golpe maestro en contra de quienes haciendo uso indebido del poder político y económico amasaron riquezas injustificables.
Entre otros aspectos, se acordó con la PGR que peticione medidas cautelares en contra de quienes serán en un futuro –casi inmediato-, sujetos de investigación respecto de la procedencia de sus bienes.
Una de dichas medidas, será la cancelación de sus pasaportes para evitar que huyan del país una vez concluido el sexenio peñista, así como la colocación de brazaletes electrónicos en determinados casos.
Además, con motivo de la reforma constitucional, que derivará también en modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Código punitivo federal, se solicitará en diversos casos el arraigo domiciliario, lo cual –sin dudar- marcará un hito en el combate a la corrupción planteada por Andrés Manuel López Obrador.
Estas acciones provocarán mucho escozor no sólo entre la clase política, sino en la económica.
La élite pseudoperiodística, tampoco escapará a la aplicación de dichas medidas, lo cual –seguramente-, va a generar una andanada de ataques al próximo titular del Ejecutivo Federal y tratarán de manipular a la opinión pública arguyendo que se trata de un caso de retaliación por ser “críticos”.
Dichas agresiones ya son contempladas por el nuevo gobierno y es por ello que el Presidente electo señaló categóricamente que hará uso del derecho de réplica cuando sea necesario.
Un aspecto de relevancia, es que el manejo mediático que se avizora ahora no sólo será patrocinado por los políticos y empresarios que, fundadamente, teman ser investigados y sancionados, sino que también estará impulsado por el miedo personal de aquellos que encuadren en las conductas que se prevén ya en la reforma constitucional.
Hay apellidos que se barajan ya con insistencia: Robles y Yunes, por ejemplo. ¿Qué personajes del actual gabinete y gobernadores estarán en la lista de investigados? Conste que es pregunta.
(*) Periodista
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FUENTE: https://www.aeinoticias.com/2018/futuros-desafortunados-por-reforma-al-22-constitucional/