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La Fiscalía General de la República, en su primer informe sobre el caso en este sexenio, presentó nuevos elementos de investigación que cuentan el hallazgo de restos óseos, documentos oficiales y un horno crematorio clandestino, entre otros indicios, en la funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (Semefo), además de un predio en Iguala, Guerrero, mismos que estuvieron bajo control del grupo criminal Guerreros Unidos.
LA COLUSIÓN DEL SEMEFO Y LA FUNERARIA
Lo que se ha dado a conocer acerca de la operación del Semefo y la casa fúnebre exhibe la descomposición institucional en la entidad en 2014. Ambas instancias, así como el panteón municipal, eran administradas por una misma familia (los Rueda Mazón), además de que el Semefo y la funeraria eran contiguas y tenían acceso directo.
Es de sentido común que el Servicio Médico Forense, encargado de certificar las causas de muerte y expedir autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo, debe ser una dependencia pública y sujeta a estrictos controles. Sin embargo, en Iguala se encontraba concesionada a los Rueda Mazón bajo la supervisión del gobierno de Guerrero.
¿Complicidad de José Ulises Bernabé?
El informe oficial, sustenta que José Ulises Bernabé García (Juez de barandilla en 2014) entregó a los jóvenes porque múltiples investigaciones y testimonios policiacos lo señalan como la autoridad que certificó y controló el ingreso de 17 estudiantes a los separos de la Comandancia de la Policía Municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, permitiendo que posteriormente fueran sacados por policías y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, donde fueron desaparecidos.
LOS MOTIVOS Y PRUEBAS que sostienen este señalamiento son los siguientes:
-Testimonios directos de policías: Existen al menos siete testimonios en el expediente, incluyendo declaraciones de policías municipales, que contradicen la postura del exjuez. Un comandante de la corporación declaró formalmente ante las autoridades que esa noche vio cómo policías de Cocula y mandos locales sacaron a un grupo de aproximadamente 16 o 17 jóvenes amarrados y con el rostro cubierto de las celdas. Al retirarse, Bernabé García presuntamente le dijo: “comandante, yo no quiero problemas, yo no quiero broncas”.
-Reconocimiento del Gobierno Federal: En el marco de las investigaciones del nuevo fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán, y la Comisión para la Verdad (Covaj), el Gobierno de México ratificó formalmente ante los padres de los normalistas que un grupo de 17 estudiantes sí estuvo retenido en el área de barandillas de Iguala bajo la responsabilidad administrativa de Bernabé García.
-Análisis de geolocalización y telefonía: El reanálisis de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos arrojó registros de conectividad en la zona de la comandancia municipal la noche del crimen, echando abajo la versión de que nunca pisaron las celdas locales.
-Uso de la fuerza municipal para la entrega: La hipótesis de la fiscalía señala que, tras estar bajo el resguardo formal de Barandilla, los 17 jóvenes fueron sustraídos ilegalmente de las instalaciones y transferidos en patrullas a la policía del municipio de Cocula, quienes operaban directamente en colusión con la delincuencia organizada para su posterior desaparición forzada.
SITUACIÓN JURÍDICA actual: José Ulises Bernabé García huyó de México en abril de 2015 e ingresó a Estados Unidos de forma indocumentada. Aunque en México cuenta con una orden de aprehensión y el gobierno mexicano busca activamente su extradición, las autoridades estadounidenses le concedieron asilo político en el año 2020 tras validar sus alegatos de que temía persecución o tortura en territorio mexicano. El exjuez ha sostenido públicamente en entrevistas que esa noche solo se procesaron personas por faltas administrativas menores y niega que los normalistas hayan estado en su base.
Las investigaciones del caso Ayotzinapa han tenido importantes revelaciones por parte de la Comisión para la Verdad (Covaj) y la Fiscalía General de la República (FGR).
A continuación:
ESTATUS de la solicitud de extradición de José Ulises Bernabé García
La extradición del exjuez de Barandilla se mantiene como una prioridad de alto nivel para el gobierno de México.
El obstáculo legal: El proceso es complejo debido a que un juez estadounidense le otorgó asilo político a Ulises Bernabé en 2020, tras argumentar temor a ser torturado en México. Además, la defensa del exjuez mantiene activa la suspensión de la orden de aprehensión mexicana mediante juicios de amparo. No obstante, el Gobierno de México insiste en su entrega formal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
NUEVOS HALLAZGOS sobre el uso de celulares semanas después de la desaparición
El análisis de telefonía celular de la Unidad Especial de la FGR (UEILCA) reveló que los teléfonos de al menos tres normalistas continuaron activos y fueron utilizados por funcionarios y delincuentes hasta un mes después de la noche de Iguala:
-Celular de Jorge Antonio Tizapa Legideño: Fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 (casi un mes después) por el exdirector de Tránsito de Iguala, Mauro Antonio “N”. Este exfuncionario fue detenido en marzo de 2026 por delincuencia organizada y posteriormente se le fincaron cargos por desaparición forzada.
-Celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza: Registró actividad el 30 de septiembre de 2014, operado inicialmente por un policía municipal de Iguala, y posteriormente fue utilizado por la pareja sentimental de dicho agente.
-Celular de Julio César Mondragón (el joven asesinado y desollado): Semanas después de los hechos, el aparato fue utilizado por Rodolfo “N”, dueño de la funeraria/velatorio El Ángel (lugar donde recientemente se detectó un horno crematorio clandestino ligado a la investigación). Este civil y tres de sus familiares ya se encuentran detenidos tras comprobarse que además recibieron llamadas de la delincuencia organizada esa noche.
MANDOS policiacos implicados en la sustracción dentro de la Barandilla
Los testimonios ministeriales recabados en el expediente señalan directamente a mandos locales y de municipios vecinos operando en conjunto para extraer a los 17 jóvenes de las celdas:
-Francisco Salgado Valladares: Quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Iguala. Es señalado como uno de los principales coordinadores operativos de la entrega de los estudiantes a células criminales.
-César Nava González: Subdirector de la Policía Municipal de Cocula. De acuerdo con las indagatorias, acudió directamente con patrullas y elementos a su cargo a las instalaciones de la comandancia de Iguala para recibir y trasladar a los normalistas sustraídos que estaban bajo la responsabilidad de la Barandilla.
SOBRE ANABEL HERNÁNDEZ
La periodista Anabel Hernández ha sido señalada por el Gobierno Federal debido a su presunta complicidad involuntaria o participación directa como testigo en Estados Unidos a favor del exjuez de Barandilla, José Ulises Bernabé García. Esto habría provocado -en su momento- que se frenara su extradición a México.
Más detalles de la implicación y motivos:
¿Cómo está implicada Anabel Hernández?
-Fue testigo en el proceso de asilo en EE. UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó formalmente que Anabel Hernández participó como testigo ante las autoridades estadounidenses. Su declaración sirvió para respaldar la versión de que los 43 normalistas NUNCA ingresaron al juzgado de Barandilla de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
-Sustento de la versión del exjuez:
El testimonio de la periodista fue clave para que un juez estadounidense le otorgara asilo político a Bernabé García en 2020, frenando los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) por traerlo a México para enfrentar cargos por delincuencia organizada y secuestro.
¿Por qué se le señala?
-Contradicción con nuevas pruebas científicas:
El Gobierno de México sostiene que la versión que defendió Anabel Hernández es falsa. Nuevas evidencias tecnológicas recopiladas por la FGR —especialmente el rastreo y geolocalización de las líneas telefónicas de los normalistas— ubican las señales de los celulares de los estudiantes dentro de las Barandillas de Iguala esa noche, coincidiendo con testimonios de sobrevivientes y otros policías implicados.
-Acusación de favorecer la “Verdad Histórica”:
Debido a que la narrativa de su investigación exculpaba al juzgado de Barandilla de tener a los jóvenes retenidos, la administración federal ha planteado la hipótesis de que su testimonio en el extranjero terminó obstaculizando la justicia. Esto ha llevado al gobierno a señalarla públicamente por presunta colusión o coincidencia con las omisiones de la desacreditada “Verdad Histórica” del sexenio anterior.
El trasfondo de su investigación (o ruta de su financiamiento):
Anabel Hernández publicó en 2016 el libro “La verdadera noche de Iguala”, una investigación financiada en su momento por la Universidad de Berkeley. En dicha obra, la periodista documentó la participación del Ejército y la Policía Federal en el crimen, pero sostuvo —basada en entrevistas propias, incluyendo una al exjuez Bernabé— que los jóvenes no habían pisado las celdas municipales. Hoy en día, la Fiscalía General de la República mantiene abierta la indagatoria para determinar el impacto legal que tuvo la declaración de la escritora en las cortes de Estados Unidos.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia mañanera afirmó que investigación e indagatoria continúan abiertas y no se cerrará hasta encontrar a los estudiantes, conocer la verdad y hacer justicia.
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