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Han transcurrido casi 12 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y aún no existe certeza sobre el paradero real de las víctimas. Tanto la administración de Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum han fracaso en explicar los hechos acontecidos el 26 de septiembre de 2014.
Uno de los principales implicados en el caso fue el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien se desempeñaba como mandatario estatal en el momento de la desaparición de los normalistas y quien se deslindó en reiteradas ocasiones de cualquier responsabilidad.
El ex gobernador emanado del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que no sabía lo que había acontecido en Iguala, pese a que era el gobernador de la entidad y tenía conocimiento de las amenazas efectuadas por el entonces alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, en contra de los normalistas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado a Aguirre de haber ordenado la eliminación de todo material audiovisual que hacía referencia de lo que había sucedido en las instalaciones del Palacio de Gobierno Municipal de Iguala.
La fiscal federal, Ernestina Godoy, afirmó que el gobierno de Aguirre encabezó una red de discrecionalidad que caracterizó a su administración sobre el caso Ayotzinapa, ya que pretendía proteger a Abarca, a pesar de que tenía una serie de cuestionamientos por su colaboración con el crimen organizado.
Las acciones de las autoridades federales ocurren después del informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el cual exoneró al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad por el caso Ayotzinapa, lo que a su vez causó indignación tanto de académicos como de periodistas y activistas en diversas regiones de la nación.
Aguirre se convirtió en el segundo ex funcionario de primer nivel que ha sido aprehendido por las autoridades federales por el caso Ayotzinapa, ya que en agosto de 2022 la FGR capturó al ex procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por ordenar establecer la llamada “verdad histórica” a través de la tortura a los sicarios de “Guerreros Unidos” que supuestamente colaboraron con los policías municipales de iguala.
El ex gobernador de Hidalgo intentó en varias ocasiones evadir la justicia al asegurar que tenía la salud deteriorada y por ello pedía a las instancias judiciales obtener la libertad a través de la prisión preventiva domiciliaria, en la cual se encuentra, mientras que la FGR no ha logrado su enjuiciamiento.
-Aguirre, el gober oscuro
Ángel Aguirre es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y comenzó su carrera política en diferentes cargos menores en el gobierno estatal durante la administración de Alejandro Cervantes Cuevas.
Fungió como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Guerrero durante el gobierno de José Francisco Ruíz Massieu, y posteriormente como coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica.
Entre 1991 y 1994 se desempeñó como diputado federal por Guerrero, y entre 1993 y 1996 fungió como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero.
Entre 1996 y 1999 se desempeñó como gobernador interino de Guerrero, mientras que en 2003 nuevamente se desempeñó como gobernador de Guerrero y en 2006 se convirtió en senador por el PRI.
En 2010 se postuló como candidato a la gubernatura de la entidad y en enero de 2011 se convirtió en mandatario estatal por el sol azteca, y tuvo que lidiar con el enfrentamiento entre los cárteles de las drogas, debido a la presencia de diferentes organizaciones ilícitas.
Tras el caso Ayotzinapa, la opinión pública exigió su cabeza, y por ello en octubre de 2014 solicitó licencia de manera indefinida para separarse de sus funciones y con ello la extinta PGR no inició ninguna acusación penal en su contra.
Desde entonces, Aguirre se mantuvo fuera de la opinión pública, mientras que diferentes medios de comunicación señalaron que el ex mandatario estatal había establecido una alianza de facto con los grupos criminales en la entidad para tratar de priorizar la llamada “paz narca”.
Rogelio Ortega Martínez se encargó de finalizar el sexenio de Aguirre en ese estado, mientras que el PRD perdió cualquier posibilidad de mantener el control político de esa entidad, debido a que la mayoría se inclinó por otras opciones públicas y por ello el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó la gubernatura de la entidad a través del controversial Héctor Astudillo.
En torno al caso Ayotzinapa, Aguirre se deslindó de cualquier responsabilidad asociada al escándalo mediático, pues la prensa recordó que Abarca había sido uno de sus principales protegidos durante los años en los que estuvo al frente del gobierno estatal.
-Nadie supo en caso Ayotzinapa
Ayotzinapa es considerado el gran escándalo en el sexenio de Peña Nieto. La PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam no fue capaz de resolver el caso y ante la presión pública decidió fabricar su propia versión que rápidamente fue cuestionada por las falencias en la argumentación.
En la icónica conferencia de prensa que encabezó Murillo Karam, el ex senador dijo que los jóvenes normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula, por lo cual no quedaban rastros, aunado a que excusó al Ejército mexicano al asegurar que no estaba enterado de lo que había sucedido, pese a la cercanía del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desenmascararon la versión oficial de la PGR, debido a que si los jóvenes hubiesen sido incinerados tendrían que haberse desintegrado a temperaturas superiores a los cuatro mil grados centígrados, es decir, en horno de alta presión, pero, además, ese día los médicos forenses corroboraron que llovió en la zona, por lo cual fue imposible que cuerpos humanos hubiesen desaparecido.
En su momento, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirmó que no había sido responsable de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aunque hallazgos más recientes de las propias autoridades federales evidenciaron que hubo ordenes por parte del presidente municipal hacia los uniformados locales para desaparecerlos.
Incluso, se documentó que hubo participación de las fuerzas del Ejército mexicano, pero tanto el gobierno de Peña Nieto como de López Obrador nunca decidieron iniciar una acusación penal en contra del ex gobernador de Guerrero, quien acordó desprenderse del gobierno para también deslindarse de responsabilidades.
A más de una década de los hechos, la CNDH de Rosario Piedra Ibarra protegió al Ejército mexicano y al mismo tiempo defendió la postura de la “verdad histórica” establecida por las autoridades federal en el sexenio de Peña Nieto, es decir, que la supuesta defensoría de las víctimas estuvo del lado de los victimarios, lo que reflejó que la comisión es completamente inservible para la sociedad.
La captura de Aguirre permite a la administración de Sheinbaum despresurizar las demandas sociales sobre el caso Ayotzinapa, pues a unas semanas de la conmemoración de la fecha, se ha garantizado un principio de protección para la sociedad.
Aunado a que evita críticas en su contra, debido a que no existe una referencia hacia su posición política, dado que prácticamente estaba fuera de la esfera pública desde hacía años, y por ende puede resultar como una acción contundente en contra de la impunidad del caso Ayotzinapa.
No obstante, el halo de protección se mantiene hacia el Ejército mexicano. Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum Pardo han evitado relacionar a las fuerzas armadas en el caso, con lo cual la exigencia de justicia seguirá pendiente como en su momento fue la masacre de Tlatelolco, aunque la narrativa de la responsabilidad del Estado no podrá eliminarse.
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(*) Periodista y Politólogo
