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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha iniciado una nueva batalla política. La mandataria federal acusó al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de haber mentido sobre los presuntos vínculos del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado.
La presidenta inició una batalla campal para defender a su mentor político, quien, en primera instancia, fue señalado por el ex diplomático de presuntos nexos con el narcotráfico al presentar su nuevo libro “Borderlands”, en el cual también rechazó la intromisión de las agencias norteamericanas en el operativo para la captura del líder del Cártel de Sinaloa (CDS), Ismael “El Mayo” Zambada.
Sin embargo, esa versión contradice la propia narrativa establecida por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que se ha adjudicado su responsabilidad en la captura del capo mexicano el 25 de julio de 2024, y que ha sido cuestionada por el gobierno de México.
Sheinbaum se enfrascó en un enfrentamiento político en contra del ex embajador norteamericano, al dejar entrever que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad moral para impartir justicia en México, debido a que ha protegido a “Los Chapitos”, con quienes negoció para la detención del Mayo.
El gobierno de México había hecho mutis sobre el caso de la captura del narcotraficante a casi dos años de los hechos, sin embargo, Ken Salazar revivió el incidente, al referir que una supuesta fuente conocida como “El Susurrador” había comunicado sobre la preocupación que tenía López Obrador sobre la información pudiese proporcionar a las autoridades estadounidenses sobre sus nexos con las autoridades federales.
La mentira estadounidense como política
Tras la captura del líder del CDS, el gobierno de Joe Biden dijo desconocer que las agencias federales norteamericanas hubiesen participado en el operativo, mientras que el entonces presidente de México cuestionó constantemente en las conferencias de prensa mañaneras sobre los hechos acontecidos en Sinaloa.
López Obrador exigió a las autoridades estadounidenses presentar información sobre el operativo que desarrollaron para detener al narcotraficante, pues representaba una violación a la soberanía nacional con la extracción de un mexicano por parte de un gobierno externo.
No obstante, el gobierno estadounidense negó haber violado la soberanía mexicana y aseveró que no tenía información suficiente, pero apenas hace unos días el FBI reveló que fue la instancia responsable en la captura del capo, que negoció con Joaquín Guzmán López, hijo de Ismael “El Chapo” Guzmán, otro líder del CDS, para detener al Mayo.
Esa información representa un mensaje contundente de Washington hacia las autoridades mexicanas, debido a evidenciaron que pueden replicar un operativo similar para detener al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado, y que el gobierno de Sheinbaum se ha negado a investigarlo.
Por ello, Sheinbaum decidió iniciar una embestida en contra del ex embajador norteamericano, aprovechando que es representante de un gobierno demócrata que abiertamente no representa un enfrentamiento en contra de la administración de Trump, aunque la estrategia de captura de narcopolíticos es similar.
Así, la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy, refirió que sí hubo intromisión por parte de las autoridades estadounidenses para capturar al Mayo, tras negociar con una fracción del CDS, y que desencadenó en el enfrentamiento interno en la organización criminal.
Además, Sheinbaum trata de atajar las críticas hacia su gobierno al llamar a la unidad nacional, y enfatizar que Estados Unidos también negocia con los narcotraficantes, por lo cual no puede ser considerado como un actor fiable para que su narrativa tenga apoyo social en México.
Pero estas acusaciones únicamente competen en el ámbito mediático, ya que el gobierno de Sheinbaum no interrumpió las relaciones de cooperación bilateral con Estados Unidos y prácticamente permanecen intactas, evidenciando que la presidenta sólo disputa la narrativa pública para permear en la cohesión social.
Las acusaciones de Sheinbaum pretenden excluir de cualquier responsabilidad al gobierno de Trump, pese a que Salazar es únicamente un chivo expiatorio que sirve para apuntalar la narrativa pública de la “cuarta transformación”, aunque al mismo tiempo evidencia la política de encubrimiento a favor de los narcopolíticos mexicanos.
El divorcio de Salazar y la 4T
Cuando Ken Salazar fue nombrado como embajador de Estados Unidos en México en septiembre de 2021 al inicio de la administración de Joe Biden, el ex presidente López Obrador afirmó que se trataba de un perfil profesional y que mejoraba las relaciones entre ambas naciones.
En espacios públicos López Obrador aseguró que Salazar era “un embajador amigo” con derecho a picaporte en Palacio Nacional, quien fue señalado prácticamente como un colaborador externo de la administración federal durante los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19.
Incluso la prensa norteamericana cuestionó la alineación de Salazar con la administración de López Obrador que contradecía al gobierno de Biden, y por lo cual el propio tabasqueño defendía al representante estadounidense públicamente, sin embargo, a partir de 2022 la relación comenzó a fracturarse, pues el ex embajador cuestionó la reforma energética que pretendía impulsar el ex presidente.
El ex diplomático norteamericano consideró que la reforma impulsaba tecnologías sucias y caras que afectarían a los consumidores, por lo cual las puertas de Palacio Nacional se fueron cerrando paulatinamente para el ex embajador norteamericano.
El punto de quiebre definitivo fue la captura del Mayo Zambada, ya que en ese momento López Obrador calificó como ilegal el operativo implementado por las autoridades norteamericanas, sin embargo, en ese momento el ex diplomático rechazó que hubiese existido interferencia de las autoridades estadounidenses.
Además, Salazar criticó la reforma al Poder Judicial, misma que representaba un retroceso para el fortalecimiento de la democracia mexicana y el deterioro de las instituciones, lo que causó encono por parte de López Obrador que acusó de intromisión de las autoridades norteamericanas.
El ex embajador afirmó que esa reforma implicaba una caída en las inversiones económicas para México, debido a la incertidumbre que generaba para el país que el Poder Judicial estuviera bajo el control del partido en el poder, lo que parcializaba la impartición de justicia.
Por ello, López Obrador decidió “poner una pausa” en la relación con el ex embajador norteamericano, y en el inicio de la administración de Sheinbaum decidió nombrar como intermediario al ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, con lo cual restringió el acceso con los demás miembros del gabinete federal.
Con el cambio del gobierno de Estados Unidos, Sheinbaum inmediatamente reanudó relaciones con el nuevo embajador norteamericano, el ex espía Ronald Douglas Johnson, quien tenía una peor imagen política previa que Salazar, pero que representaba al gobierno más estridente de Trump que no estaba dispuesto a aceptar ninguna medida de México.
De esta manera, Salazar decidió regresar a la palestra pública tras publicar el libro en el que acusó de posibles implicaciones del gobierno de López Obrador con la captura del Mayo Zambada, lo que derivó en una disputa directa por parte de la administración de Sheinbaum.
Pero el mensaje de Estados Unidos es claro. En caso de que continúe la protección del gobierno de México a Rocha, podrían proceder de la misma manera, pese a que las autoridades mexicanas lo mantengan escondido, pues lo identificarán y extraerán en el momento que la administración de Trump lo considere necesario.
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(*) Periodista y Politólogo
