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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS), convirtiéndose en la primera acusación de un gobierno externo a un servidor público mexicano en funciones.
Las autoridades norteamericanas señalaron que el mandatario estatal se benefició del CDS para obtener el triunfo electoral de 2021, a cambio de protección en su gestión, por lo cual se trata de la primera imputación penal en contra de un gobernador mexicano.
Se trata de una nueva crisis para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha defendido en varias ocasiones a Rocha, pese a que desde 2024 el líder del CDS, Ismael “El Mayo” Zambada, reveló que se había reunido con el gobernador morenista para mediar un conflicto con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Alejandro Cuén.
Sin embargo, en ese momento el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Rubén Rocha es un personaje cercano a la cuarta transformación y por ello no podría ser vinculado directamente con el crimen organizado.
Pero el tiempo le dio la razón al narcotraficante, pues las autoridades norteamericanas recabaron las suficientes pruebas para procesar penalmente a Rubén Rocha, y por ello solicitaron la extradición del gobernador de Sinaloa a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aunque tanto López Obrador como Sheinbaum habían utilizado la figura del ex secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, para acusar a Felipe Calderón de nexos con el crimen organizado y rechazar que sucediera una situación similar en la 4T, la acusación de Estados Unidos contradice esta postura.
Desde este espacio se evidenció que Washington presionó al gobierno mexicano por la falta de respuestas en el combate al crimen organizado, y aunque Sheinbaum envió a varios narcotraficantes a Estados Unidos como una muestra de buena voluntad, estas acciones fueron insuficientes.
La caída de Rocha era inevitable. Desde que compitió por la gubernatura en 2021 reconoció públicamente que tenían que negociar con el crimen organizado para garantizar la llamada “paz narca”, misma que fue exitosa hasta la captura del Mayo Zambada.
Las denuncias en su contra fueron solapadas por López Obrador, quien lo respaldó incansablemente hasta el final de su sexenio y heredó ese respaldo a Sheinbaum, quien tuvo que continuar con la protección hacia el gobernador, quien generó un descontento masivo entre la población.
Mientras la violencia en Sinaloa alcanzó niveles nunca antes de visto por el enfrentamiento entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, el mandatario estatal desaparecía del escenario público y constantemente minimizaba los efectos de la batalla entre las facciones del CDS, lo que a su vez generaba más descontento social.
El gobierno de Donald Trump ha emprendido una cacería sistemática en contra de los cárteles de las drogas. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado categorizó a estas organizaciones como grupos terroristas que tenían que ser exterminados.
Por ello, constantemente exigió al gobierno de Sheinbaum incrementar las acciones en contra del crimen organizado, y aunque la política de seguridad del actual gobierno es significativamente diferencial con respecto a la emprendida por López Obrador, para Trump no ha sido suficiente.
Incluso pese a que Sheinbaum ordenó la captura—que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, Trump continuó con las presiones para demandar la entrega de narcopolíticos, la mayoría integrantes de la 4T.
En la prensa internacional se filtraron varios nombres de personajes de las altas esferas gubernamentales que están relacionados con el crimen organizado como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, a quien el gobierno estadounidense le retiró la visa.
Rocha, uno de los principales perfiles políticos, involucrados con el crimen organizado, había sido cobijado por la 4T, que había impulsado un esquema de protección de los grupos criminales en el territorio estatal, por lo cual su permanencia es cada vez más insostenible.
Entre los diferentes gobernadores de la 4T, Rocha es un caso excepcional. Es un perfil que representa un lastre político para Morena, similar al que ubica al senador Adán Augusto López, no obstante, el tabasqueño cuenta con una protección especial por parte de Palenque y por ello Sheinbaum sólo pudo expulsarlo de la coordinador del grupo parlamentario del Senado.
La respuesta de Rocha ha sido una amenaza, en su mensaje publicado en redes sociales, el mandatario estatal ha dejado entrever que el ataque de Estados Unidos no sólo es un atentado contra la 4T, sino contra todo el movimiento, en especial contra los liderazgos “emblemáticos”, personificados en Andrés Manuel López Obrador.
Si Rocha cae es altamente probablemente que decida hablar sobre el contubernio de sus redes criminales, con el cobijo de quien fue el presidente de México, y quien impulsó la política de “abrazos no balazos”.
Así, el panorama para el gobierno de Sheinbaum se complica, ante las condiciones prevalecientes, en las que el liderazgo de la 4T queda sujeto a las propias disputas del movimiento y la escasa capacidad de reacción ante una acción que era esperable por parte de Estados Unidos.
El gobierno mexicano se empeñó en tratar de proteger a sus aliados, y esto puede cobrarle factura electoral a Morena en 2027. Rubén Rocha representa una carga mediática que acaba con toda posibilidad de que el partido guinda mantenga el control de Sinaloa el siguiente año.
Además, puede debilitarse en otros estados, donde sus mandatarios también están cuestionados como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila; el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la gobernadora de Campeche, Evelyn Salgado, en donde es altamente probable que Morena no gane las gubernaturas.
Si Sheinbaum no colabora directamente con Estados Unidos corre el riesgo de que Trump envíe un comando para extraer a Rocha como sucedió en Venezuela con el presidente de esa nación, Nicolás Maduro, pero sí colabora será acusada de “ser entreguista”, por lo cual está en una disyuntiva.
Hasta el momento la respuesta de Sheinbaum y la 4T es proteger a Rocha, asumiendo el elevado costo político y social que puede implicar para su movimiento, aunado a que ha reflejado una incapacidad para responder convincentemente a un ataque que mediáticamente será implacable.
Para Sheinbaum la acusación de Rocha será una carga pesada que será imposible separar, como ha sucedido con Calderón y García Luna, pese a que el panista ha alegado que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre la colaboración de su mando policiaco con el crimen organizado, la opinión pública no cree esta versión, y esa misma situación sucederá con la cuarta transformación.
Después de haber destinado sus esfuerzos en atacar mediáticamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por colaborar con elementos de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés), Morena ahora tendrá que aceptar los señalamientos en contra de uno de sus gobernadores que fue directamente acusado de ser parte del crimen organizado.
Inevitablemente Rubén Rocha está orillado a separarse de su cargo, en tanto duran las investigaciones, mientras que el Congreso de Sinaloa tendría que iniciar un juicio de procedencia por sus posibles relaciones con el narcotráfico, aunque esto es poco probable, debido a que persiste el acompañamiento al crimen organizado por parte de Morena.
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(*) Periodista (EPCSG), Posgrado en Políticas Públicas y Humanidades (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)