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El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el fin de semana pasado dejó en claro que el Estado es capaz de detener al capo más poderoso del país, y evidenció que cuando existe voluntad puede disminuir la presencia real del Contra Estado que se ha conformado en aquellas regiones controladas por los cárteles.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, planeó—con la ayuda de la inteligencia estadounidense—y ejecutó el operativo en seguridad más importante que se ha orquestado desde la captura de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”, en 2016, entonces líder del Cártel de Sinaloa (CDS), organización criminal que en ese momento era la más poderosa del país.
Después de un sexenio en el que la política de seguridad no mostró avances significativos en el combate a la delincuencia organizada, con el fracaso en el llamado “Culiacanazo” el 17 de octubre de 2019, la administración de Sheinbaum ha impulsado un esquema más agresivo, en el que decapitó a la organización criminal más poderosa del continente.
La mandataria federal decidió asumir el costo político y social que implicaba la caída del Mencho, debido a que desde las altas esferas de la inteligencia militar reconocían que se perderían decenas de vidas por el operativo, pues el líder del CJNG estaba fuertemente custodiado y también existiría una férrea reacción, que sería superior a la que se suscitó en Sinaloa.
La acción federal que derivó en el abatimiento del Mencho es considerada como un éxito para el gobierno mexicano y que incluso fue reconocido por Washington. Ante las crecientes amenazas de Donald Trump de una posible operación militar en suelo mexicano para atacar a los cárteles de las drogas, Sheinbaum logró calmar los ánimos intervencionistas de Estados Unidos.
La muerte del Mencho representa una ofrenda hacia el gobierno de Trump y envía un mensaje político contundente: existe el Estado, capaz de derrotar a los grupos criminales más poderosos, aunque ahora deberá contener la violencia que se podría desprender por los enfrentamientos internos del cártel en búsqueda de tomar el liderazgo que ejercía su fundador.
Desde que comenzó la denominada “guerra contra el narcotráfico” hace casi 20 años, la percepción sobre la ausencia del Estado mexicano creció, principalmente en aquellas zonas que fueron controladas en su totalidad por el crimen organizado, donde los cárteles cooptaron a los gobiernos locales y establecieron reglas alternas a las conformadas en la Constitución.
En regiones de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Veracruz, que fueron el centro de los enfrentamientos entre los diferentes cárteles de las drogas, la ausencia del Estado implicó una serie de cuestionamientos sobre la capacidad real de respuesta ante grupos criminales cada vez más organizados, con mejores armas y una mayor violencia ejercida para sembrar miedo y caos entre la población.
Esta percepción no sólo fue local, sino también se extendió a nivel internacional, ya que México fue visto como un país repleto de narcotraficantes, en donde las prácticas de violencia se normalizaron y replicaron en diferentes contextos, lo que ahuyentó la inversión y también disminuyó el turismo.
La narcocultura también contribuyó a establecer esta visión generalizada sobre la falta de Estado. Las series, películas y canciones relacionadas con el enaltecimiento del narcotráfico permitieron establecer que la perspectiva gubernamental estaba completamente sometida.
En el sexenio de Felipe Calderón la política de seguridad estuvo encabezada por la extinta Policía Federal, la cual fue empoderada a través de Genaro García Luna, quien recibió millones de pesos a cambio de protección del CDS, y combatir a sus principales adversarios como fueron “Los Zetas”.
La política de Calderón fue errónea. Decidió implementar un despliegue masivo de las fuerzas armadas por el territorio nacional con la intención de desarticular a los cárteles, principalmente en Michoacán, donde se había posicionado a finales de 2006 “La Familia Michoacana”.
Los operativos federales causaron una espectacularización de las acciones del Estado, con la finalidad de generar una percepción de éxito en el combate al crimen organizado, pero conforme avanzaron los años, las respuestas más violentas de los cárteles derivaron en una fuerte tensión y una visión de ineficacia de las autoridades mexicanas.
Esto, después de que se evidenció que México se estaba convirtiendo en una enorme fosa clandestina, y con los primeros ataques de los grupos criminales hacia la población civil como el lanzamiento de granadas en la celebración del grito de Independencia en Michoacán en 2008 o el ataque al Casino Royale en Monterrey en 2011.
Además, la masacre de Allende, en Coahuila en 2011, así como la matanza de los 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, fueron hechos en los cuales la percepción de la falta de Estado fue clara, y los discursos vertidos por Calderón fueron insuficientes para atajar las críticas de la opinión pública.
En la administración de Enrique Peña Nieto esta visión también se incrementó, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014, así como el derribamiento de un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco en 2015 en un operativo para tratar de detener al Mencho.
La fuga del Chapo Guzmán en 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, también fortaleció la mirada de un Estado incompetente, carente de garantizar condiciones de protección a la población, en tanto que se permitía que uno de los capos más poderosos del mundo escapara.
Por ello, en Michoacán nacieron los llamados grupos “Autodefensa”, que justificaron su presencia ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas para proteger a los agricultores que eran extorsionados y asesinados por el crimen organizado.
Fue en ese periodo que los colectivos de madres buscadores evidenciaron la extensa red de fosas clandestinas que se crearon durante años para desaparecer a personas por parte de los grupos criminales. Esta situación hubiese generado una indignación general en cualquier país, pero en México, donde se ha anestesiado a la población este tipo de prácticas fueron aceptadas con escasas reacciones.
El gobierno de Peña Nieto fue indolente con las víctimas y las masivas protestas que se efectuaron en contra de su administración fueron aprovechadas por el entonces candidato de oposición a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió en resolver el problema que padece el país.
A diferencia de sus antecesores, López Obrador optó por una política de “abrazos no balazos”, lo que permitió empoderar a los cárteles, en donde tuvieron que dividirse el control de los territorios, y ante la ausencia del Estado, la Iglesia Católica desempeñó un rol de mediadora en los conflictos, principalmente en Guerrero, donde los líderes criminales se reunían con los clérigos para tratar de alcanzar acuerdos que permitieran una disminución de la violencia.
Esta situación fue otro signo de la delegación de responsabilidades del gobierno mexicano, que decidió abandonar sus funciones de protección y seguridad, mientras que los grupos criminales optaron por construir calles, pavimentar la vía pública, construir escuelas, iglesias y hasta hospitales, además de entregar despensas y hasta juguetes para los menores de edad, en aquellas regiones donde el Estado se ausentó.
Incluso, se visibilizaron los centros de adiestramiento y exterminio que conformó el crimen organizado para integrara nuevos elementos en sus estructuras criminales, como fue el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, en marzo del año pasado.
Así, en medio de una percepción generalizada de falta del Estado para responder a las necesidades sociales, el gobierno de Sheinbaum decidió intervenir para detener al criminal más buscado del país, y aunque esto no provoca un cambio total de la percepción, la intencionalidad de la actual administración es completamente distinta, pero que dependerá de una serie de acciones que se acompañen el desmantelamiento real de los cárteles y los grupos criminales.
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(*) Periodista, Doctor en Políticas Públicas y Humanidades (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) y articulista de Interés Público (Prensa Digital).
