En el Informe sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017, el Departamento de Estado ubica al México por tercer año consecutivo como un lugar donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes. Representantes de negocios, incluyendo compañías estadounidenses creen que fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos debido a la corrupción, y perciben que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados a adquisiciones.
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Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– El Departamento de Estado estadounidense ubicó, por tercer año consecutivo, a México como un país corrupto, tanto en el sector público como en el privado, donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes como el desvío de fondos públicos a empresas de forma ilícita.
Estados Unidos recordó que México ocupó el lugar 123 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2016, el último de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando un año antes alcanzó el puesto 95 de 168 naciones.
En el informe, en que incluye un análisis de prácticamente todos los países del mundo sobre las condiciones que ofrecen para hacer negocios, el Departamento de Estado de EU enfatizó en que la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción ha sido “lenta e ineficaz”.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que durante 2016, el costo de los actos de la corrupción en el sector privado fue de mil 600 millones de pesos, mientras que un 82.2 por ciento consideraron que dichos actos son frecuentes por parte de los funcionarios.
De acuerdo con el reporte, el costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En el caso de las empresas medianas, el monto llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos.
En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria.
En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía por actos de corrupción.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas tiene el propósito de estudiar la percepción de las empresas sobre la experiencia de realizar trámites y solicitar servicios públicos, así como sobre actos de corrupción al realizarlos.
De acuerdo con el Banco de México, el Banco Mundial y la revista especializada Forbes, la corrupción en el país representa cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la sitúa en 10 por ciento del PIB.
Transparencia Mexicana documentó que en 2007 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos mientras que en el 2010 se elevó a cerca de 165 pesos. El costo para acceder o facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil millones de pesos en el 2007 y en 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las mordidas.
Además, los hogares mexicanos en general destinan el 14 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción y los hogares que perciben un salario mínimo gastan el 33 por ciento. Es decir, interpretó Transparencia Mexicana, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres.
FUENTE: http://www.sinembargo.mx/06-07-2017/3256604
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