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CDMX 11/09/24). Finalmente se consumó. El Senado aprobó en lo general, por más de dos tercios de votos (86 contra 41), una reforma judicial con el objetivo de sanear al Poder Judicial (en una primera fase). Acción política del legislativo que fue promesa de campaña de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Fuimos testigos de un ejercicio polémico y en ocasiones violento, justo a un par de semanas que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esta nueva circunstancia conocida como “Plan C”, al aprobarse inicia con procedimientos institucionales, una nueva etapa en la vida pública del país, además de un cambio de régimen real. Su aprobación, marca el final de una opacidad burocrática que se adueñó del aparato de justicia, convirtiéndolo en fortín de anomias, tales como impunidad, corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y derroche de recursos al solventar una vida de excesos, con descomunales sueldos, para su elite o más altos funcionarios.
El inicio de estas innovaciones constitucionales continuará -seguramente- con otras fases que transformen paulatinamente la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Coyuntura que le dará mayor margen de acción a la próxima presidenta; estos dias vivimos un enfrentamiento directo y abierto entre los poderes. Asi que, nos encontramos ante un impacto transformador en la democracia del país, por lo tanto, deben superarse enconos, rencores y polarización por el bien y la construcción de un nuevo México.
Continúa ahora que esta reforma sea ratificada por los congresos de, al menos 17 estados, lo cual no será difícil si tomamos en cuenta que los morenistas gobiernan en 24 de los 32 estados del territorio nacional. Posteriormente, la iniciativa será promulgada por el Ejecutivo.
En este contexto y ante una inminente elección popular directa de los jueces una primera parte en 2025 y la otra en 2027, a Claudia Sheinbaum le tocará lidiar con el endurecimiento de la oposición, de empresarios nacionales y trasnacionales perjudicados en sus intereses, además de grandes medios corporativos, entre otros.
Se viene pues, una avalancha de cambios (reducción del mandato de los jueces, reducción del número de magistrados, límites a la duración de juicios, freno al nepotismo, aplacar los recursos de amparos, y revisiones técnicas necesarias y polémicas que seguramente estarán en los primeros lugares de la agenda nacional los primeros meses del gobierno.
Este sexenio, el recurso de amparo fue utilizado en exceso por grupos de poder económico y ONGs (Organización No Gubernamental) para frenar proyectos de obra pública, entre otros. Como extremo hace unos días, un par de jueces federales intentaron ejercer su poder en contra de la decisión del Congreso (poder legislativo), para frenar dicha reforma.
En fin, inicia nueva etapa para el pais que intentará cambiar una realidad judicial cuestionada por todos los sectores y partidos vigentes, obviamente todo cambio es perfectible y para lograr su éxito debe iniciar enfrentando y corrigiendo vicios y abusos actuales.
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(*) Periodista (EP. CSG) y Economista (UAM-A)
