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Ahora sí, en días más concluye el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta circunstancia, la nostalgia, recuerdos, balances y el sentimiento a flor de piel, es más intenso en simpatizantes de la 4T.
Hace 3 meses escribí un análisis de prospectiva que titulé “el cenit político de septiembre”, mismo que en sus partes centrales decía:
La actual 4T pasará a la historia como un movimiento -en general- pacífico y democrático que impactó al régimen con la intención de cambiarlo.
Hace 6 años Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó una elección con un proyecto de nación consistente, claro e inclusivo, por cierto, una década antes había empezado a difundirlo.
Y llegamos al 2 de junio del 2024 donde avasalló la alianza “Sigamos haciendo Historia” con un contundente triunfo democrático, incluso más amplio de lo que logró el actual presidente). El movimiento que continua Claudia Sheinbaum Pardo (presidenta electa), de manera singular se encuentra ante la oportunidad de profundizar el tránsito del régimen actual (orden jurídico, político y social) a otro nuevo. Entre otras razones, porque fue una promesa de campaña y además cuenta con mayoría calificada en la Cámara de diputados y a un solo parlamentario de obtenerlo en el Senado.
No debemos olvidar que la 4T que fundó y encabeza López Obrador busca disminuir desigualdades sociales y económicas al destacar en sus políticas públicas: “Por el bien de todos primero los pobres”, con ello se busca la separación de (otros) dos poderes fácticos: el económico y el político.
Considero que tales poderes, con las décadas habían enraizado una relación de connivencia, opacidad, privilegios y corrupción, un trato soberbio y “gandalla” que los alejó de las necesidades de las mayorías. ¿Para qué se ejerce el poder? ¿Cuál es el objetivo de las fuerzas políticas qué dirigen un país? ¿Para qué existe o debe existir un Estado?, ¿Qué actor social está por encima de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de una nación? ¿Para qué sirve la democracia? entre otras preguntas fueron olvidadas por los gobernantes y partidos tradicionales.
Estamos pues, ante la posibilidad de un nuevo equilibrio entre la representación política, el gobierno y las estructuras abocadas a la impartición de justicia y protección de derechos, y eso definitivamente, sí es un cambio de régimen.
El pais y la clase política se encuentran precisamente en el cenit de septiembre, acaba de pasar el último informe del presidente, el 15 es el último grito de la independencia en el Zócalo, y en 3 o 4 días conoceremos el resultado de la Reforma Judicial del Senado de la República, estamos ante una reforma vital y fundamental para el cierre del presidente y el próximo sexenio.
Desde hace un par de semanas, hasta ayer medios suramericanos me estuvieron preguntando sobre esta Reforma y la inevitable destrucción democrática de México, además del reforzamiento de una dictadura socialista (frases o clichés repetidos hasta el cansancio por cadenas internacionales y bots en redes sociales). Nada más lejano a la verdad y contexto que vive el país.
Para empezar, no consideran la situación geopolítica del pais (vecino de EEUU), el Tratado de Libre comercio con América del Norte (TEMEC), ni la estabilidad social, ni los éxitos de crecimiento e índices económicos, ni certidumbre democrática, entre otros (aunque evidentemente todo proceso lleva un tiempo, y este gobierno solo puso las bases).
Sobre la Reforma del Poder Judicial, curiosamente todos los parlamentarios (oficialismo y opositores) están de acuerdo que el sistema judicial está colapsado, que tiene fallas, errores y cercanía al poder económico y sus intereses, pero en particular, los Prianistas no están de acuerdo con ella, porque lo consideran una venganza del ejecutivo, entre otras cosas.
La reforma propone la elección popular directa de 1654 jueces federales (Luego de pasar por filtros de idoneidad, preparación, capacitación, entre otros) y otras variables pre-existentes de acción tripartita (es decir, acuerdos entre los 3 poderes de la nación).
Esta nueva reforma está contemplada dentro de un paquete de 20 medidas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. Recordemos que en total son aproximadamente 52,000 los trabajadores del Poder Judicial Federal, por lo que una elección de jueces federales no los afecta, ni modifica sus derechos laborales.
En sus últimas conferencias de prensa el mandatario insistió en que esta reforma significaría separar al poder judicial del enquistado poder económico, por lo que la afectación de intereses, como pago de impuestos, favores financieros, etc. los trae muy enojados (refiriéndose a la oligarquía nacional).
Esta reforma tiene un consenso de 36 millones de ciudadanos, porque fue una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum cuando se llevaron a cabo las elecciones generales hace 3 meses (elección del ejecutivo y legisladores).
Argumentos van y argumentos vienen, en medios tradicionales/corporativos buscando matizar narrativas de rechazo a la reforma, por lo que representa y significa para el oficialismo (aunque sea ésta, una primera fase).
Finalmente, esta reforma, en mi opinión tiene que ver con un intento real de que el poder judicial ponga freno a la corrupción, al nepotismo, que sea efectivo en su imparcialidad y resuelva todas las anomias internas que lo aquejan. Definitivamente atravesamos tiempos de cambios y transformaciones que deben llegar a todos los poderes de la nación.
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(*) Periodista (EP. CSG) y economista (UAM-A)
