La actividad periodística es una de las más importantes en cualquier sociedad, pues, en función de la información que nos hace llegar, nos permite enterarnos, conocer y construir la percepción de nuestro entorno. Pero dicha actividad se ha visto influenciada por oscuros intereses…(Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal)
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En casi toda América Latina el manejo de la publicidad oficial, estatal o municipal (relación del poder político frente a medios de comunicación privados) tiene, lamentablemente el mismo objetivo: parcialidad de noticias y de opinión -ambas- encubiertas. Dicha situación en algunas zonas del continente se radicaliza en extremos grotescos, evidentemente por falta de normatividad y transparencia.
A inicios de los ochenta, recuerdo al presidente mexicano José López Portillo (76-82) por un lado afirmar contundente “no pago, para que me peguen” al referirse al control y contubernio mediático – cómo si los recursos públicos fueran de su propiedad- y por otro al millonario Emilio Azcárraga (dueño de Televisa) aseverar “soy un soldado del PRI” con clara intención de beneficiarse –aún más- de privilegios económicos.
Este accionar comunicativo tiene larga data y se intensifica en la democracia del presente siglo, la asignación gubernamental y/o municipal de inserciones pagadas a medios informativos genera dos aspectos, la primera orientada a inducir a no informar desfavorablemente sobre quienes ejercen el poder y la segunda, encaminada a exigir al medio que se beneficia, se pronuncie favorablemente para seguir obteniendo recursos.
La primera es una forma de coerción basada en contenidos que obligan al silencio sobre temas de interés público y la segunda, puede desviar o distorsionar artificialmente un debate público al inducir a apoyar opiniones de autoridades o rechazar según convenga.
UNA APROXIMACIÓN A MEDIOS DEL CHACO BOLIVIANO (Breve contexto).
Hace un par de años estuve en Yacuiba (ciudad fronteriza y capital del Gran Chaco boliviano, con población de casi 130 mil habitantes) ubicado al sureste del corazón de Suramérica. Me llamó la atención la cantidad de medios de comunicación para su población (10 canales de televisión, más de una docena de radios y un diario impreso), luego de hacer un seguimiento de contenidos, me di cuenta que existe un abismo entre cantidad, calidad y formación de auditorios.
Para lograr más luces sobre el contexto, busqué y entrevisté (off the record) a dos comunicadores y dos propietarios. Todos coincidieron que la sociedad receptora es demasiado chica para tal cantidad, además son constantes la dispersión, fragmentación y deficiencia de contenidos y ni hablar de la línea editorial, supeditada –obviamente- a la publicidad oficial.
En relación a los canales de Televisión (señal abierta y cable) estos son: Unitel, Chaqueña, ATB, Cotelya, Plus TV, Cristal de TV, Canal La Kalle, Canal Concierto y DJ Canal.
Sobre las radios existentes: Radio Popular, Laser, Concierto, ABC, La Calle, Soberanía, Comunidad, Ciudad, Mi Gran Chaco, Madre Tierra, Nuevo Horizonte y Frontera. Además de contar con un periódico impreso “El Chaqueño”.
El periodista (fuente) entrevistado me refirió a que el mejor canal, para él es “La Calle”, por ser de los pocos que editan sus notas y que reflejan contenidos noticiosos más elaborados.
En general los reporteros generan sus notas grabando y reproduciendo declaraciones oficiales, en tal situación los actores políticos fácilmente manipulan los temas de agenda pública. Por otro lado, el periodismo de investigación, el rigor, la contextualización y el contraste de fuentes, brillan por su ausencia.
En consecuencia, las inducciones (o incitación) además de afectar al periodismo, perjudica a la construcción de audiencias críticas, vulnerando libertades de expresión y el derecho a ser informados.
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que:
El Estado y su estructura debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas, debe estar expresamente prohibida por ley.
Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión en cualquier país.
El empleo de la publicidad o mensajes oficiales –repito- para premiar o castigar ha sido una práctica recurrente en jefaturas de comunicación social gubernamentales, situación que se profundiza porque no existe una ley que la prohíba.
En este sentido debería existir, normas claras que garanticen pluralidad informativa y trato equitativo a los medios de comunicación, eliminando preferencias o discriminación y –claro- fomentando la libertad de expresión y el derecho a la información ciudadana. Aquí el interés social tendría que ser: transparentar los recursos públicos en todos los niveles de gobierno y definir criterios justos y objetivables para su asignación.
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(*) Periodista y economista (EPCSG y UAM-A)
PRI. Partido Revolucionario Institucional.