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Sir Francis Bacon aseguró: “conocimiento es poder” (1597). Aparentemente se refería al conocimiento científico —la ciencia fue una de sus pasiones—, pero como él también fue político —llegó a ser Lord Canciller— en una época llena de intrigas palaciegas —los reinados de Isabel I y Jaime I—, igual comprobó que la información política es un tipo de conocimiento que da poder.
No cualquier información política se traduce en poder, pero cualquier ejercicio sistemático del poder requiere de información.
Desde la antigüedad, los gobiernos han recopilado información que han ocultado. En la actualidad un área de esta búsqueda de información es el espionaje que a veces se cubre con el manto de la legalidad y otras se hace de manera totalmente ilegal. Una buena parte de la información política recopilada termina en los archivos. Pasado un tiempo, esa información debe dejar de ser secreta para quedar a disposición de investigadores y público en general, pero con frecuencia las leyes de archivos impiden o dificultan el acceso a información que el gobierno considera “sensible”. Y es entonces que aparece la dupla espionaje y censura.
Como muchos otros gobiernos, el mexicano espía a voluntad a quienes quiere controlar, sean enemigos o incluso aliados. Este espionaje se lleva al cabo con o sin autorización y puede ejercerse sobre líderes, activistas políticos o periodistas “molestos”. Sin acceso a los archivos, no es fácil documentar el espionaje, pero siempre se llega a saber de casos que permiten inferir la magnitud de la telaraña. Así, por ejemplo, en los 1960, durante la Guerra Fría, la CIA ofreció al presidente Adolfo López Mateos compartir alguna información del espionaje telefónico que se proponía hacer a la embajada soviética y de paso a líderes de la izquierda —Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano o David Alfaro Siqueiros— a cambio de que se le permitiera introducir al país las decenas de aparatos que necesitaba para crear y operar una red de escuchas, (Jefferson Morley, Our man in Mexico, U. P. of Kansas, 2008, pp. 93-94).
Gracias al trabajo de Citizen Lab, una organización canadiense de la Munk School of Global Affairs, hoy sabemos que nuestro gobierno ha espiado, con un equipo de escucha israelí y que sólo puede ser adquirido por gobiernos, al menos a dos ONG mexicanas y a un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, cuyas actividades molestan al gobierno y a la poderosa industria refresquera, corresponsable de la “epidemia de obesidad” que hoy sufre el país (Reforma, 24 de mayo; https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/). ¿Cuántas operaciones similares están hoy en curso? Con lo enrarecido que está el ambiente político deben ser muchas.
El negar o entorpecer el acceso de los ciudadanos a información política disponible, pero “sensible”, es una forma de restarle capacidad a la vigilancia ciudadana. Es una forma de impedir que la sociedad civil se empodere. Y un buen ejemplo de esto está en el manejo actual de documentos de Gobernación depositados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Tras la represión en Chihuahua, Guerrero y los sucesos de 1968 y 1971 en Ciudad de México parte de la izquierda optó por la vía armada. Para comprender mejor la forma en que el gobierno llevó al cabo la “guerra sucia” contra esa izquierda revolucionaria, una fuente imprescindible son los papeles en el AGN de la antigua y temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), disuelta en 1985 tras haber sido penetrada por el narco.
Consulta
En el 2001, y por decisión del gobierno de Vicente Fox, los archivos de la DFS pasaron al AGN. Pero ese paso lo dieron también el equipo de archivistas-policías que había estado a cargo de esa información en Gobernación y luego en el Cisen. La consulta de esos documentos que contienen información sobre personas, sus actividades y las acciones del gobierno que les persiguió nunca fue fácil. Los custodios, provenientes de una estructura policiaca, sólo dieron a los investigadores la información que ellos quisieron. Pero a partir de 2015 la naturaleza y calidad de esa información disminuyó. Los documentos ya no se pudieron consultar en la sala, tuvieron que pedirse vía la ley de transparencia, y al investigador sólo se le facilitó una copia ya muy censurada —a veces se borró hasta el nombre del presidente de la república, pese a que por la mera fecha se podía deducir— por considerarse que aún hoy se trata de información de carácter personal o sensible y, por tanto, “histórico confidencial” que debe mantenerse en reserva por un tiempo mucho mayor.
¿Cómo explicar esta reticencia gubernamental a no compartir información de un pasado supuestamente ya superado? Una posible respuesta es que ese pasado autoritario sigue sin pasar del todo. La apertura de archivos que se llevó al cabo bajo el gobierno de Vicente Fox —ese que prometió “echar a patadas al PRI de los Pinos” y que ya no tenía nada que ocultar—, al gobierno priista que ha recuperado “Los Pinos” no le gusta.
La DFS ya no existe, ya es historia, pero el espíritu de esa organización y de la política que la animó sigue vivo, porque vivo está el sistema que la creó. Por eso sigue espiando y le molesta que salgan a la luz los viejos métodos, pues quizá no son tan viejos y le restan legitimidad al gobierno de ahora.Resumen
“La extracción de información privada y el control sobre su propia información, son dos formas empleadas por los gobiernos para aumentar su poder sobre los gobernados”.
FUENTE 1: http://yucatan.com.mx/editoriales/de-espionajes-y-censuras
FUENTE 2: http://www.lorenzomeyer.com.mx/www/index.php
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(*) Lorenzo Meyer (1942, Ciudad de México) es egresado de El Colegio de México, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado en relaciones internacionales; posteriormente realizó estudios de posdoctorado en ciencia política en la Universidad de Chicago. De 1970 a 2012 fue profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
Entre algunas de sus 18 libros publicados desde 1968 se encuentran: México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, El cactus y el olivo: las relaciones de México y España en el siglo XX. Tiene, además, otros 7 libros en coautoría, entre ellos: A la sombra de la Revolución Mexicana, con Aguilar Camín y México frente a Estados Unidos, con Josefina Vázquez. Su último libro es Distopía mexicana, Random House-Mondadori en 2016.
El autor ha sido editor, compilador y coordinador de 10 libros y cuenta con un buen número de capítulos y artículos en libros y revistas académicas, así como numerosos artículos de divulgación. Por su trayectoria como investigador y como profesor en universidades de México, Estados Unidos y España, ha recibido varias distinciones, entre ellas el Premio de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de la Ciencia y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, 2011.
Meyer es Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor Emérito de El Colegio de México. Desde hace veintiséis años es editorialista en periódicos de circulación nacional.
Actualmente, sus artículos semanales aparecen en el diario Reforma y en diez periódicos locales. También, y desde 1999, es comentarista en televisión, en el programa “Primer Plano” del Canal 11 y en la mesa política del noticiero por internet que conduce Carmen Aristegui.
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